Tejiendo Redes TS: «Veinticuatro horas para instalar una barrera de boyas. Cinco días sin identificar a una sola persona, sin punto de información para las familias y con menores durmiendo en la calle»

Dos velocidades

El 31 de julio el Gobierno anunció el despliegue de una barrera de boyas en el espigón del Tarajal. El 1 de agosto por la mañana ya había 500 metros instalados. El 2 de agosto Interior las declaró plenamente operativas. Veinticuatro horas.

En ese mismo plazo, y hasta hoy, no se ha hecho pública ninguna identificación de las 72 personas fallecidas. No se ha habilitado un punto único de información para las familias. No consta ninguna denuncia formal presentada en España por las familias de las personas fallecidas. No consta la activación del protocolo de sucesos con víctimas múltiples del Real Decreto 32/2009. Y hoy comienzan, con carácter de urgencia, las obras para ampliar el cementerio musulmán de Sidi Embarek.

Se ha acelerado la capacidad de enterrar antes que la capacidad de identificar. Esa es la secuencia. Y esa secuencia es una decisión, no una fatalidad.

Lo que ocurre en la calle desde el 30 de julio

Cientos de menores no acompañados han pernoctado en un polígono industrial en desuso. Hay madres con bebés atendidos por deshidratación, agotamiento extremo e hipotermia. El Sindicato Médico de Ceuta habló el 1 de agosto de una auténtica catástrofe asistencial y de condiciones propias de la medicina de catástrofes. El sistema público de salud contabiliza 1.622 asistencias desde el viernes, 473 en veinticuatro horas.

La capacidad ordinaria del sistema de protección de la infancia de la ciudad es de apenas unas decenas de plazas. Había más de 700 menores bajo tutela el 30 de julio. Las estimaciones de entrada de menores oscilan entre 4.000 y 7.000 y no existe ningún dato oficial. No hay censo. No hay cuantificación. No hay identificación.

Una ciudad de 83.664 habitantes ha recibido en un día un número de personas equivalente a cerca del setenta por ciento de su población. Eso no lo resuelve la buena voluntad de los profesionales que están sosteniendo esto sin refuerzos. Eso exige un dispositivo estatal.

Las boyas: qué sabemos y qué nadie ha respondido

Según la información difundida por la Delegación del Gobierno, la barrera tiene 500 metros, se compone de tramos de 25 metros, sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie según la marea y tiene una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, anclada al fondo mediante lastres. La ejecutó la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima con material cedido por la Armada y con apoyo de la Guardia Civil. Ese elemento sumergido ha sido descrito como un faldón destinado a impedir el paso por debajo.

Ahí está nuestra preocupación central, y la formulamos como pregunta, no como acusación: un elemento sumergido en una zona por la que cruzan personas nadando introduce un riesgo de enganche y de atrapamiento. Preguntamos si alguien lo ha evaluado antes de instalarlo.

No consta publicado el expediente de contratación o el encargo. No consta memoria justificativa. No consta la especificación técnica que precise si el elemento sumergido es un faldón continuo, una malla o una red. No consta informe de Salvamento Marítimo sobre el efecto de la barrera en las operaciones de rescate. No consta evaluación de riesgos para la seguridad de la vida humana en el mar. No consta autorización de ocupación del dominio público marítimo terrestre. No consta el coste ni quién lo paga. Lo declaramos como lagunas documentales, no como inexistencias: puede que existan y no se hayan publicado. Por eso preguntamos.

Hay además una contradicción que merece respuesta. El presidente del Gobierno presentó la medida como una barrera física, al menos en términos visuales, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo. Pero esa sentencia exige un elemento físico de contención real, y precisó que los medios de vigilancia no lo son. O la barrera es simbólica, y entonces no produce el efecto jurídico que se invoca, o es físicamente eficaz, y entonces incrementa el riesgo para quien intente superarla a nado. Las dos cosas a la vez no pueden sostenerse.

Existe un precedente comparado que obliga a ser prudentes. En 2023, el estado de Texas instaló en el río Grande, a la altura de Eagle Pass, una barrera flotante de unos 300 metros con boyas separadas por discos de sierra y una malla sumergida concebida para impedir el paso por debajo. El 2 de agosto de 2023 la cancillería mexicana informó del hallazgo de un cuerpo atrapado en la parte sur de las boyas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado y un juez federal ordenó retirarla, en una decisión después revocada por el tribunal de apelación. No decimos que sea el mismo dispositivo. Decimos que existe experiencia previa sobre lo que ocurre cuando se coloca un elemento sumergido en una zona de paso, y que esa experiencia debería constar en un informe antes de instalar nada.

La literatura académica mayoritaria sobre políticas de disuasión fronteriza concluye que estos dispositivos no reducen de forma neta los intentos, sino que desplazan las rutas hacia trayectos más peligrosos y elevan la mortalidad. Hay estudios que documentan un efecto disuasorio local, y los citamos también, pero incluso esos describen la sustitución de puntos de cruce como consecuencia esperable. Preguntamos si se ha ponderado ese efecto.

Sobre quienes han venido a Ceuta a agitar

El 1 de agosto, un grupo identificado por la prensa como neonazi convocó una concentración en la plaza de los Reyes, y una segunda convocatoria se produjo esa misma tarde. En ambos casos la Policía Nacional tuvo que escoltar a sus promotores fuera de la ciudad ante el rechazo del vecindario. No constan agresiones graves. Lo decimos con precisión y sin adjetivos: fue la propia población ceutí, abierta y multicultural, la que los expulsó.

No es un hecho aislado. En Torre Pacheco, en julio de 2025, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia registró más de 138.000 mensajes de odio entre el 6 y el 22 de julio, el 91 por ciento dirigidos contra personas del norte de África, con un pico de 33.046 el día 12, coincidiendo con una manifestación, frente a los 6.824 del día anterior. El discurso de odio se multiplicó por cinco en veinticuatro horas.

Existe un patrón documentado: se convoca, se agita y el odio en red se dispara. Instamos a la Fiscalía competente en delitos de odio a valorar de oficio si estas convocatorias son subsumibles en el artículo 510 del Código Penal, y a la Delegación del Gobierno a informar de si fueron comunicadas conforme a la ley. No corresponde a una entidad profesional calificar conductas penalmente. Corresponde a la Fiscalía hacerlo, y a nosotras exigir que lo examine.

Lo que hemos hecho

Ante la ausencia de información pública para las familias, Tejiendo Redes TS ha elaborado y difunde desde hoy una guía de búsqueda de personas desaparecidas en árabe, francés, inglés y español, con contactos verificados. Explica por qué es imprescindible presentar denuncia, dónde se presenta, qué documentación llevar, cómo funciona la toma de muestras de ADN de familiares y qué derechos asisten a quien la da.

Lo decimos con claridad: sin denuncia no hay expediente, no hay comparación con los cuerpos recuperados y no hay ADN con qué cotejar. La Guardia Civil ha empezado a identificar mediante huellas y ADN, y advierte de la complejidad del cotejo. Ese cotejo necesita muestras de referencia de familiares que hayan denunciado.

Que una asociación sin apoyo económico ni institucional tenga que suplir la información que corresponde a las administraciones es, en sí mismo, la denuncia.

Lo que vamos a hacer

Anunciamos que Tejiendo Redes TS va a presentar solicitudes formales de acceso a la información pública, al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ante la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Pediremos, en concreto: el expediente o encargo completo de la barrera del Tarajal y su memoria justificativa; la especificación técnica del elemento sumergido; los planos y el trazado; el informe de Salvamento Marítimo sobre el efecto de la barrera en las operaciones de rescate; la evaluación de riesgos para la seguridad de la vida humana en el mar; la autorización de ocupación del

dominio público marítimo terrestre; el coste total y su imputación presupuestaria; el estado de identificación de las personas fallecidas y el protocolo aplicado; y el censo de menores localizados y el dispositivo de protección dispuesto.

El plazo legal de respuesta es de un mes. El silencio es desestimatorio. Si no se responde, reclamaremos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y lo haremos público. Una respuesta nos dará datos. El silencio nos dará otra cosa igual de útil: un silencio documentado con fecha.

Y decimos algo más. Tejiendo Redes TS apoyará públicamente las acciones que emprendan las organizaciones de defensa de los derechos humanos ante esta tragedia sin precedentes, en el terreno judicial, institucional o de incidencia, y pone a su disposición la documentación verificada que ha reunido. En la frontera sur, lo que ha frenado históricamente los procedimientos más lesivos no han sido las instituciones: han sido organizaciones pequeñas documentando con fecha.

Lo que exigimos

• Moratoria de inhumación: que ninguna persona sea enterrada sin muestra biológica tomada y registrada, sin reseña completa y sin que su familia haya sido informada previamente por un profesional designado.
• Punto único de información y teléfono público para familias, con atención presencial e intérprete de árabe y dariya.
• Activación expresa y publicada del protocolo del Real Decreto 32/2009.
• Publicación de la evaluación de riesgos de la barrera del Tarajal y suspensión de cualquier ampliación mientras no exista informe de seguridad de la vida humana en el mar.
• Censo público de menores localizados y dispositivo de protección proporcionado, con determinación de edad con garantías.
• Dispositivo asistencial y humanitario inmediato: agua, alimentación, higiene y alojamiento, para quienes están en la calle.
• Dispositivo social y psicosocial estatal, para las personas migrantes, para la población ceutí y para los profesionales que llevan cinco días sosteniendo esto sin relevo.
• Una estructura permanente de intervención social profesional, activa las veinticuatro horas los siete días de la semana, integrada como sector movilizable en los planes de emergencia de todas las administraciones.
• Financiación estable para las entidades pequeñas que sostienen proyectos grandes en primera línea, y no solo para las estructuras colegiales.
• Que la identificación de las personas fallecidas figure en el orden del día de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea.

Una emergencia no se sostiene con disponibilidad

Ante la DANA de Valencia, el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales del Consejo General del Trabajo Social se activó el 29 de octubre de 2024. Llegó a desplegar más de 350

profesionales simultáneamente en la provincia y movilizó 440 en total. El real decreto ley de ayudas incluyó una concesión directa de 700.000 euros destinada a ese grupo.

Lo decimos sin ambigüedad y sin restar mérito a quienes fueron: aquel despliegue dependió de que cientos de profesionales se inscribieran y acudieran, no de una estructura permanente dotada, con mando técnico propio, relevos y supervisión. Una emergencia no puede sostenerse sobre la disponibilidad de quien decide dejarlo todo y presentarse. Está más que demostrado que no puede.

Por eso pedimos que aquella partida deje de ser una excepción presupuestaria y pase a ser el mínimo de una estructura estable, y que esa estructura figure en los planes de emergencia como un sector movilizable más, igual que lo están el sanitario o el de seguridad. Y pedimos que los recursos alcancen también a las entidades pequeñas que llevan proyectos grandes en primera línea, que son las que suelen llegar antes y las que nunca aparecen en el reparto.

Una última cosa, sobre el calendario

Durante una emergencia no hay fines de semana, ni puentes festivos, ni agostos. La necesidad no consulta el calendario laboral. La respuesta institucional, sí.

Esto no es una impresión. Es un patrón que hemos documentado sobre el terreno tres veces.

La DANA del 29 de octubre de 2024 alcanzó a Letur, en la provincia de Albacete: seis personas fallecidas en un municipio de unos 900 habitantes con la mitad del casco urbano destruido. Quien firma esta nota estuvo allí desde los primeros días, incluido el puente festivo, entrevistando y acompañando a las familias sin encargo formal, sin relevo, sin supervisión y sin apoyo psicosocial. En aquellos días hubo presencia institucional sostenida y despachos ocupados, mientras la trabajadora social disponía de un cuarto de tres por tres y las psicólogas se turnaban para usar un despacho. La comunicación de un fallecimiento la hizo un cargo político en comparecencia pública, fue errónea y hubo que rectificarla.

En el Cenajo, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, se congregaron unas 3.500 personas en Férez. Se desplegaron más de 300 agentes de la Guardia Civil, antidisturbios, equipos cinológicos, drones y medios aéreos. Dispositivos sanitarios, sociales o de reducción de daños: ninguno. Los seis protocolos de reducción de daños en castellano, francés e inglés que se distribuyeron los elaboraron dos asociaciones sin financiación, no una administración. Fue Nochevieja y fueron Reyes.

Y ahora Ceuta, en agosto.

Tres episodios, tres calendarios festivos, la misma respuesta: mando policial y de orden público desplegado en horas, dispositivo social ausente o improvisado por quienes no cobran por hacerlo. Cuando el orden público se activa siempre y el dispositivo social nunca, eso ya no es una carencia de medios. Es una decisión sobre qué se considera una emergencia y qué no.

El hilo que une Letur con el Cenajo y con Ceuta tiene nombre: una España expoliada y abandonada institucionalmente. El mundo rural, el sur, y Ceuta y Melilla, que son territorio español de pleno derecho y reciben un trato que no se dispensaría en ningún otro punto del país.

No pedimos heroísmo profesional. Pedimos lo contrario: que dejen de necesitarlo. Que haya protocolo, mando técnico, relevos, supervisión y cuidado del personal interviniente, para que atender una emergencia no dependa de quién esté dispuesto a renunciar a su descanso.

Nivel de certeza

Son hechos acreditados el balance de 72 personas fallecidas, la cronología de la barrera de boyas y sus dimensiones según la información difundida por la Delegación del Gobierno, su ejecución por Salvamento Marítimo con material cedido por la Armada, el inicio de los trabajos de identificación, la ausencia de identificaciones públicas, la actuación de urgencia en el cementerio, los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia sobre Torre Pacheco, el precedente judicial y human del río Grande y las cifras de despliegue y financiación de la intervención social en la DANA de Valencia.

Son declaraciones atribuibles las del Sindicato Médico de Ceuta y las estimaciones sobre el número de menores.

Son lagunas documentales, y así las declaramos: el expediente de la barrera, su coste, la especificación del elemento sumergido, la evaluación de riesgos, la autorización de costas, si se ha inhumado ya a alguna víctima de este episodio y si se ha activado el protocolo de víctimas múltiples. Una laguna no es una inexistencia: es una ausencia de dato público que alguien debe explicar.

No afirmamos que la barrera vaya a causar muertes. Preguntamos si alguien ha estudiado si puede causarlas, y constatamos que esa respuesta no es pública. No afirmamos que se esté enterrando sin identificar. Afirmamos que nadie ha garantizado que no vaya a ocurrir.

Somos una especie migratoria.

Tejiendo Redes TS.