Mujeres se movilizan en Brasil para exigir aprobación de ley contra misoginia

Colectivos de mujeres salieron este domingo a las calles en varias ciudades de Brasil para exigir al Congreso Nacional la votación y aprobación inmediata, prevista para agosto, del Proyecto de Ley 896/2023, que equipara la misoginia con el delito de racismo.

La movilización, impulsada por el movimiento Ascenso por las Mujeres Vivas (Levante das Mulheres Vivas), se celebró este 2 de agosto antes del reinicio de las actividades legislativas tras el receso. El objetivo principal es presionar al presidente de la Cámara Federal, el diputado Hugo Motta, para que someta el proyecto a votación en los próximos 15 días, específicamente entre el 11 y el 12 de agosto.

Las protestas fueron convocadas en 10 estados del país, abarcando las capitales São Paulo (Avenida Paulista), Brasilia, Río de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Boa Vista, Curitiba y Campo Grande. La convocatoria también incluyó las localidades de Medianeira, Ponta Grossa y São José.

Irina Cezar, integrante de Levante das Mulheres Vivas, señaló en una entrevista al programa Es de mañana, de Radio Brasil de Fato, que el apoyo al proyecto es transversal. El movimiento dialogó con legisladores de izquierda, derecha y centro, logrando respaldo de parlamentarios de diversos sectores ideológicos, incluidos diputados y militantes.

El texto legislativo fue aprobado por unanimidad en el Senado en marzo y remitido a la Cámara de Diputados, donde permaneció estancado sin programación de votación. Cuenta con un informe elaborado por la diputada federal Tabata Amaral y espera discusión en el pleno tras la aprobación de su régimen de urgencia a principios de julio.

La aprobación de esta ley busca incorporar un marco legal contra la violencia hacia las mujeres que proteja los derechos colectivos, un ámbito no cubierto por la legislación actual. Cezar subrayó la urgencia de la norma ante los discursos difundidos por creadores de contenido digital que promueven la subordinación o el hostigamiento contra las mujeres, conductas que carecen de tipificación adecuada en el derecho penal vigente en relación con la violencia colectiva.

Desde la perspectiva del movimiento, la protección colectiva ejerce una influencia directa en la reducción de las agresiones individuales.

La tipificación de los discursos de odio disminuye la violencia contra las mujeres como colectivo, lo que reduce la intervención del sistema judicial, la actuación policial y la carga procesal en Brasil.