José Haro Hernández • 28/10/2020

Primer aviso

¿Podría pasar en París, Roma o Berlín que una organización ultraderechista reivindique la vandalización de la estatua de un líder socialista de los años 30 víctima del nazi-fascismo, con el añadido amenazante de la mafiosa expresión primer aviso, para obligar al gobierno a derogar una ley, democráticamente respaldada por el Parlamento, que busque recuperar la memoria de las víctimas de los regímenes totalitarios de Francia, Italia o Alemania de aquella época? Inimaginable. Tendría consecuencias políticas y penales muy dolorosas para la fuerza política que perpetrase tamaña felonía contra el sistema democrático. Pues bien, lo descrito como hipótesis descabellada e irreal lo ha llevado adelante Vox hace unas semanas con la estatua de Largo Caballero en Nuevos Ministerios, de Madrid. Con la amenaza incluida. Sin consecuencias.

¿Sería concebible que un juez europeo, tras resolución de una instancia judicial superior que exonere de cualquier responsabilidad penal a un cargo público, pida la imputación de éste por tres delitos, dos de ellos sin la preceptiva denuncia de la persona perjudicada, y el tercero fundado exclusivamente en un juicio de valor del propio juez, sin aportación de prueba, así como imposible de identificar como tal delito hasta que no se resuelva la causa principal en la que se subsume? Imposible. Esto no puede pasar en un Estado con separación de poderes. Pero le ha ocurrido a Pablo Iglesias con el juez García Castellón. Sin que el poder judicial, en situación irregular por mandato caducado, mueva un dedo para investigar el proceder tan irregular de su Señoría.

Finalmente, y por ceñirme tan sólo a tres casos de entre los muchos que reflejan la anomalía en que vive este país, cabría preguntarse si podríamos oír a cualquier dirigente de las derechas europeas(exceptuando Polonía y Hungría)asegurar que una monarquía parlamentaria, auxiliada por el poder judicial, está obstruyendo la acción del ejecutivo surgido del parlamento soberano, expresión de la voluntad popular. Pues sí, Ayuso lo ha hecho. Con esa mezcla de incontinencia verbal y pobreza dialéctica que la caracteriza, ha venido a decir que el Rey y la Justicia, junto a ella misma desde Madrid, están actuando, al margen de la Constitución, para impedir que ‘Sánchez cambie el país por la puerta de atrás’. Después de todo, la normalidad democrática más elemental, razonará la ínclita presidenta madrileña, incluye que poderes no electos, como la monarquía, intenten evitar que el gobierno legítimo, apoyado en la mayoría parlamentaria, aplique su programa de gobierno.

Estos tres hechos, representativos de un conjunto bastante más amplio que pone de manifiesto esa excepcionalidad española en el contexto de los países centrales de Europa, es quizá lo que llevó a Sánchez, en una de las últimas sesiones broncas del Congreso, a calificar a la oposición conservadora española de ‘antisistema’. Efectivamente, la derecha, crecientemente indistinguible de la extrema derecha, está decidida a llevar adelante en este país su proyecto de democracia autoritaria y ultraliberal. Y utiliza a la Justicia como ariete contra la Moncloa. Su negativa a que Unidas Podemos participe en la renovación del Consejo General del Poder Judicial pone de manifiesto su aspiración final a que esta fuerza de izquierda no pueda participar en el juego democrático(ilegalizándola, por ejemplo) y, por tanto, tampoco  en el gobierno. La respuesta de éste(reducir la mayoría necesaria para renovar el Consejo)ha provocado controversia, pero es una medida de urgencia para detener el golpe que está detrás de la virulenta oposición del PP a aceptar que el máximo órgano de los jueces sea el reflejo del pluralismo político existente. Lo cierto es que ante la guerra judicial emprendida por las derechas, al poder democrático no le queda otra, para subsistir, que el recurso a legislar con el Parlamento.

La democracia española tiene que reaccionar a esta escalada, máxime si proyecta(como parecen apuntar los nuevos tiempos)profundizar los derechos políticos y sociales de las amplias mayorías, consolidando el Estado social y democrático de derecho. Como ha hecho el gobierno alemán, sancionando y expulsando a centenares de policías y militares fascistas. La justicia griega, por su parte, ha prohibido la organización neonazi Amanecer Dorado y encarcelado a sus dirigentes. El Parlamento y la Comisión Europea estudian la imposición de sanciones a Polonia y Hungría(donde gobiernan los amigos de Casado y Abascal) por quebranto de las libertades democráticas y la separación de poderes.

‘El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos.’ Estas palabras de Antonio Gramsci cobran una especial vigencia en la España de estos tiempos, donde no nos podemos permitir el lujo de que esos monstruos(explicitados en la reciente moción de censura), que amenazan con vandálicos avisos, saboteen la consecución de una sociedad más justa, próspera y libre.                                                                                                                                                                                                                                                                                      joseharohernandez@gmail.com