Luces y sombras del nuevo decreto de interinidad

La aprobación del proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público supone un cambio radical en el modelo actual de acceso a la función pública en el ámbito educativo que nos ocupa como Federación de Enseñanza de la CGT.

El nuevo decreto-ley introduce de manera excepcional la convocatoria de un concurso de méritos con una doble vía como fórmula de acceso, reivindicación histórica de FASE CGT que sindicatos “mayoritarios” durante años tachaban de ilegal e inviable.

Existirán dos tipos de procesos de estabilización: por una parte, un concurso de méritos (sin oposición) para acceder a las plazas “estructurales”; y, por otra, un concurso oposición para las plazas de la tasa de reposición.

Frente a lo defendido por el sindicalismo amarillo de academias, cursos y “ofertas” como estrategia de afiliación, ahora cobra mucho más peso la experiencia docente previa y se reconoce como mérito el haber superado procesos selectivos anteriores (pese a que discrepamos radicalmente en que no se reconozcan los superados previamente al año 2012).

Aunque este nuevo decreto ha tumbado definitivamente la estrategia de los tres sindicatos que firmaron el Icetazo —CC. OO., UGT Y CSIF— de reducir la interinidad a través de oposiciones masivas que estabilizarían las plazas pero no a las personas, tenemos que reconocer que todavía tienen que introducirse muchas mejoras para garantizar nuestro objetivo sindical como CGT de “quienes están se quedan”.

¿Cuáles son las principales sombras que vemos en este Real Decreto?

– No garantiza la estabilidad de todas las personas —con nombres y apellidos— en fraude de ley que han sufrido contratos de interinidad durante más de tres años consecutivos.

– No impone sanciones al abuso de esta contratación temporal que permitan disuadir a la administración educativa de volver a seguir actuando de la misma forma.

– Las plazas convocadas a concurso de méritos son las que llevan 5 años ocupadas con carácter temporal, cuando deberían ser como mínimo todas las que llevan al menos tres años (desde 1 de enero de 2018).

¿Y ahora qué?

De entrada, recabar la opinión de todo el colectivo interino docente, en especial de las personas afiliadas a CGT, para valorar conjuntamente esta nueva realidad y fijar estrategias de lucha para la consecución de los objetivos de estabilización que restan por alcanzar.

Por otra parte, redoblar los esfuerzos para aunar colectivamente en la lucha por una bajada de ratio generalizada a toda la comunidad educativa y sindicatos. Esta necesaria reivindicación permitiría conseguir una atención educativa más digna y a la vez garantizar nuestra continuidad laboral como docentes.