Venezuela: Duplicar el poder, violar DD.HH.

La duplicación del poder político en Venezuela, respaldado públicamente por Estados Unidos (EE.UU), la Unión Europea (UE) y el autollamado “Grupo de Lima, ha acentuado profundamente la crisis sociopolítica y económica del pueblo venezolano,  y ha violentado sus derechos humanos.

La fórmula del autonombramiento confiscó la decisión del electorado tras ejercer su derecho humano al voto, invalidando su participación, antes de agotar instancias de rigor para dirimir el disentimiento sobre los resultados en las urnas. 60 organizaciones en el mundo denunciaron esta bifurcación de poder y la calificaron de “golpe de Estado”, según registra la ONG venezolana Sures en su web sures.org.ve (1).

Asimismo, el Centro para la Economía e Investigación de Políticas de EE.UU (2019), en su estudio Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela, señala que “el reconocimiento de un gobierno paralelo (…) aisló Venezuela de la mayor parte del sistema internacional de pagos, poniendo fin a gran parte del acceso a importaciones esenciales, incluidos medicamentos y alimentos (…)”. (Weisbrot y Sachs, 2019, Pág. 2). (2)

Por tanto, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no pueda –tal como ordenó el Banco Central de Venezuela- recibir la asignación del dinero equivalente a 31 toneladas de oro para atender la pandemia por COVID-19 – y continúen retenidas mediante dilación legal en el Banco de Inglaterra (BoE) – violenta el acceso a la salud de l@s venezolanos. (3)

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), -al que Reino Unido se suscribió el 16 de septiembre de 1968 y que ratificó el 20 de mayo de 1976- en su artículo 12, numeral 2, literal c, reza:

La Oficina en Venezuela del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emanado en marzo 2020, denominado  “El impacto económico del COVID-19 en Venezuela: la urgencia del financiamiento externo, advirtió en 2020 la necesidad de priorizar la atención al pueblo.

 “El financiamiento de las instituciones financieras multilaterales requiere de una negociación entre el gobierno de N. Maduro, la Asamblea Nacional presidida por J. Guaidó y la Asamblea Nacional presidida por L. Parra. Un financiamiento de este tipo debería centrarse en inversiones urgentes en salud, sanidad y programas de atención a la población vulnerable y pymes”. (PNUD, 2020, Pág. 11). (5) Mientras, el  oro venezolano sigue represado en el BoE.

Respecto al derecho humano de la población a disponer de sus medios para subsistir, las denuncias de corrupción en la estatal PDVSA y la inminente pérdida de activos estratégicos como CITGO, y Monómeros, dan cuenta del daño patrimonial al pueblo venezolano en medio de la bifurcación de poder.

Según publicó radiomundial.com,ve, en 2020 el constituyente venezolano Pedro Carreño denunció una presunta apropiación de recursos en lo que denominó una “trama de corrupción” por parte del gobierno autoimpuesto. (6)

Asimismo, el Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab  -según recoge diarioelvistazo.com- develó en agosto pasado, “21 tramas de corrupción” en PDVSA y sus filiales, “por las cuales hay 103 funcionarios procesados”, y se ha  condenado  a “1741 personas”. (7)

A esto se suman órdenes de arresto de la Fiscalía venezolana contra dos personas designadas el 8 de enero de este año, “ilegal e írritamente” al frente de la directiva de CITGO, de acuerdo a una cita de actualidad.rt.com. (8).

Estos hechos confirman que así se invalida lo establecido en el artículo 1, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento vinculante para Venezuela y EE.UU. (y otros países que se hallan en la componenda contra el país suramericano), cuando reza que “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. (9)

Mientras tanto, hay, sin duda, un grueso de venezolan@s disperso por el mundo. Quizás por ello el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres,  tras las elecciones legislativas realizadas en diciembre pasado en Venezuela, lanzó un mensaje a los factores políticos del país bolivariano.

“Este es un momento claramente de gran polarización política, es importante que haya negociaciones serias entre los actores políticos en Venezuela como la única manera de resolver los múltiples retos del país con total respeto a los derechos humanos y el estado de derecho”, fustigó Guterres, citado por finanzasdigital.com. (10).

Y por allá en el norte,  en su ascenso al despacho oval,  Joseph Biden aseguraba en su primer discurso presidencial: “vamos a restablecer nuestras alianzas, vamos a liderar no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo”. (11)

Eso sería convincente si en el caso de Venezuela se diera una señal retirando la “orden” 13692 que declara el país bolivariano “amenaza inusual y extraordinaria” para EE.UU.

*Ramaris Vásquez, periodista venezolana. Con estudios de Especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Venezuela.