En República Dominicana: Democracia de calle vs. urnas y bloqueo institucional

“En la actualidad se registra un altísimo grado de desconfianza de la sociedad en los partidos tradicionales, Congreso, gobierno de turno, sistema judicial, policía y gran empresa privado y una inclinación a favor de un cambio radical”.

Inicio este artículo con este cuadro que resume algunos resultados nodales de la ENCUESTA GALLUP (mayo 2019), insospechable de izquierdismo, acerca de cómo percibe hoy la sociedad dominicana el curso del proceso económico, político y social del país y sus perspectivas.

  Esto es consecuencia de que a cada paso se evidencia que estamos frente a una institucionalidad estructurada como dictadura constitucional generadora de corrupción impune, coloniaje, sobre-explotación, empobrecimiento, autoritarismo, reeleccionismo y abuso de poder.

 Nos encontramos frente a una crisis ambiental en expansión. Degradación extrema del sistema de salud, seguridad social y pensiones. Alarmante deterioro de la seguridad física y existencial de los/as dominicanos/as a consecuencia del reinado de la delincuencia de Estado.

 Nos golpea el auge de la economía informal y las desigualdades sociales. El deterioro del poder de compra  salarios, sueldos fijos e ingresos informales, de la calidad de vida y los  derechos del pueblo trabajador.

Nos agobia un sistema de transporte y un sistema energético caóticos, dominados por mafias; y nos indigna un despliegue dramático de la violencia de género, auge de los feminicidios impunes y negación de derechos  como el aborto terapéutico.

A esto se agrega la tendencia a un peligroso desfonde de la economía nacional a consecuencia del persistente déficit fiscal, expansión de la corruptela y creciente deuda pública externa e interna…

Así las cosas, el incremento del descontento y la indignación que tal realidad provoca y el poder movilizador de las demandas correspondientes, tienden a trascender la vertiente estrictamente electoral de la coyuntura.

En medio de estas crisis superpuestas nos han impuesto el bloqueo institucional al reclamo de fin del régimen impunidad y  a la exigencia de superación de  la corrupción en expansión y los males conexos, y  han reforzado su blindaje con las mostrencas leyes de partidos y la ley orgánica electoral,  ambas impuestas en medio de fuertes controversias para facilitar el continuismo peledeísta.

En ese contexto estatal institucionalizado resalta la imposibilidad de superar ese bloqueo y de crear una institucionalidad alternativa por la vía de las instituciones  usurpadas, de los viciados mecanismos electorales y del sistema de partidos entronizado en ellas, en el que predominan un oficialismo continuista y una oposición históricamente comprometida con lo esencial de sistema vigente,  incapaz de ponerle fin a la corrupción y la impunidad sistémica.

 En la actualidad se registra un altísimo grado de desconfianza de la sociedad en los partidos tradicionales, Congreso, gobierno de turno, sistema judicial, policía y gran empresa privada; exhibiendo porcentajes de rechazo que rondan el 86%, el 80% y el 70%, lo que revela ilegitimidad y fragilidad institucional. Mientras sus gestores y dirigentes compiten por el favor de Trump y del poder imperial en vergonzosa muestra de abyección política.

Tales hechos potencian la pertinencia a la democracia de calle para impulsar el “cambio radical” que gran parte de la sociedad aprueba, según las encuestas más recientes.

Un cambio radical, que estas condiciones requiere como precondición, la quiebra y/o colapso de las instituciones establecidas seguido del despliegue de un proceso constituyente que rescate democracia y soberanía.