Carlos A. Villalba •  Opinión •  20/12/2019

RECONSTRUCCIÓN. La Argentina sin Hood Robin

RECONSTRUCCIÓN. La Argentina sin Hood Robin

No todo lo que sucede en la etapa política que acaba de arrancar se instala en las primeras planas de los diarios, ni en las de los que ya apuntan sus chorros de tinta brava contra un gobierno que ni arrancó, ni en las de los pocos que aplauden el cambio de rumbo. Impacta, por ejemplo, ver las reacciones de empleadas y empleados públicos que se sorprenden cuando las nuevas funcionarias caminan por los pasillos ministeriales con la sencillez de seres normales que son, o ante los saludos de funcionarios que empiezan a instalarse en sus despachos, siendo quienes son: servidores de un gobierno que intentará sacar al país de la ciénaga a la que fue arrastrado por las corporaciones económicas, la especulación financiera y los amigos de un presidente que ya no es. En lo gestual, un mundo y otro mundo.

El 10 de diciembre comenzó también la construcción de lo concreto, ante todo de la arquitectura legal que permita invertir las cargas de la economía no productiva, de un modelo no inclusivo, con una desigualdad en aumento. Habrá también una batalla cultural que apunte contra los fuertes componentes discriminatorios y hasta racistas en mensajes y propuestas que calaron hondo en porcentajes importantes de la sociedad, incluso por encima de las opciones electorales.

En su discurso de asunción Alberto Fernández apeló al concepto de “solidaridad”, clave para comprender el sentido de las primeras medidas económicas, mirando a quienes menos tienen y reclamando colaboración de quienes están en mejores condiciones. También se refirió al “muro” que la sociedad debiera tratar de desmontar, un concepto que se diferencia del de “grieta” en tanto es una construcción consciente de quien pretende separar en defensa de lo propio y no un “hecho natural” que distancia a unos de otros.

Las imágenes sobre las que el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, montó su relato sobre la “destrucción” de Tecnópolis, con los muñecos de San Martín, Belgrano y del Zamba que llevó a pasear a las y los escolares por las mejores páginas de la Historia, abandonados y destrozados, son el símbolo exacto de lo que quedó, y de lo que debería transformar la nueva gestión, tanto la cultural, como la económica. El cineasta usó el mismo, exacto, concepto que un par de jornadas antes había empleado el gobernador Axel Kicillof, al anunciar que asumía su cargo para “para reconstruir la provincia” de Buenos Aires. Bauer conjugó el mismo verbo con la carga simbólica que tiene un lugar que, aquella “grieta” llevó a pensarlo como “Negrópolis”, allí donde el prejuicio les hace pensar que se divierten los hijos de quienes menos tienen.

Existe un cielo y un estado de coma

Casi como los “Giros” De Fito Páez, en determinados aspectos de la gestión la vuelta de campana es automática, en otros lenta y, en muchos, trabajosa y disputada.

Sacar las rejas de la Plaza de Mayo, colocadas por un gobernante que prefería teatralizar escenas de cercanía con la gente a estar con ella, no necesitó más que formular el planteo, del mismo modo que volver a iluminar el mural de Eva Perón, esculpido por Alejandro Marmo sobre diseño compartido con el plástico Daniel Santoro y montado en el edificio de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud, tras cuatro años de apagón. La asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó la iniciativa y las autoridades aplaudieron.

Las áreas de Trabajo, Salud, Ciencia y Técnica, Obras Públicas, Cultura y Medio Ambiente, degradadas por el macrismo volvieron a ser Ministerios o llegaron a ese rango por decreto del Presidente. Menos simbólico fue el restablecimiento del Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo), que regula los procedimientos tendientes a dar cumplimiento con los derechos jurídicamente reconocidos de aborto no punible. La anulación de las incorporaciones de último momento de funcionarios de rangos elevados en el Estado y las consecuentes indemnizaciones elevadas cayeron de un plumazo. El anuncio de la reinstalación de la Paritaria Nacional Docente, que pone un piso a las discusiones salariales de las distintas jurisdicciones con sus maestros, también fue una expresión del modelo de negociación que llevará adelante el Gobierno.

En otro nivel de complejidad el presidente del Frente de Todxs instaló la intervención del aparato de espionaje argentino y la reforma de la Justicia Federal, decisiones que apuntan a salir del “estado de coma” del que habla aquella canción del músico rosarino y, sobre todo, que tienden a la construcción de aquel “Nunca Más” de “los sótanos de la democracia” al que aspira. La primera medida arrancará con el anuncio inminente del nombre de quien asuma esa responsabilidad, junto a la eliminación de los fondos reservados que no se rinden desde 2016 ante la bicameral de fiscalización, de los que se financia a unos 1500 agentes encubiertos.

La segunda lo hará con la transferencia a los fiscales del poder de instrucción de las causas, como indica el Código Procesal Penal aprobado en 2014, implementado muy parcialmente, y con el envío al Senado del pliego del hasta ahora juez federal Daniel Rafecas, postulado para el cargo de Procurador General, es decir Jefe de los fiscales. La decisión parlamentaria de terminar con la metodología judicial que desató un festival de prisiones preventivas contra ex funcionarios kirchneristas y de empresarios acusados de delitos asociados a ellos, aprobada por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y aplicada por el reelecto titular de la Cámara Federal, juez Martín Irurzun, contribuyó a avanzar en el cambio de enfoque.

Si de “doctrinas con apellido” se trata, la que remite al policía Luis Chocobar quien, vestido de civil, disparó siete veces su pistola 9mm, por la espalda y dándole muerte a Juan Pablo Kukoc, que acababa de cometer un robo en el barrio de La Boca, es otra de las aberraciones que dejará de regir. Será a partir de la derogación del “protocolo para el uso policial de armas de fuego”, instaurado por la dupla Macri-Patricia Bullrich, que habilitó a los efectivos a disparar sin necesidad de dar antes la voz de alto.

La dureza del carozo

Hablar de desnutrición infantil o de la imposibilidad de comprar remedios, lamentablemente, no es el relato del pesimismo. Es la real realidad de un país con uno de cada dos pibes viviendo en la pobreza que, con una producción de comida para 580 millones de personas tiene 6 millones que padecen hambre. En ese plano no alcanzan los anuncios ni los decretos.

La tarea es compleja si se tiene en cuenta el nivel de destrucción de la economía, con la sociedad en sus mínimos niveles de reservas materiales. Hace falta la puesta en marcha de un verdadero Plan Marshall -como el que Estados Unidos ofreció a las naciones europeas amigas después de la Segunda Guerra y en beneficio de sus corporaciones-, pero sin tener los fondos para desarrollarlo.

Sin posibilidad de recurrir al endeudamiento externo ante la cesación de pagos que generó la política de la alianza del PRO con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y con la decisión de no recurrir a la emisión descontrolada de pesos y evitar desequilibrios fiscales, el camino elegido es tan estrecho como inevitable, se basa en exigirle más a quienes tienen más, que no siempre son millonarios, y repartir entre los que tienen nada o casi nada. De ahí el nombre de “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”, que se le dio al proyecto enviado este martes 17 a Diputados.

Sin tiempo para esperar, porque el que no come no tiene siquiera minutos, por instrucción de su jefe el equipo de Alberto buscó subir los ingresos directos e indirectos de los más afectados por la crisis, su famoso “ponerle plata en el bolsillo a los argentinos”, para que puedan consumir. Esa demanda aumentaría la producción, con lo que empresarios y trabajadores registrados mantendrán sus actividades, que incluso acelerarían su ritmo, con la consecuente mejora del empleo. Ese sería el tiempo de la inversión productiva, de la que habla la segunda parte del nombre de la propuesta.

El primer artículo del cuerpo que diputadas y diputados comenzarán a debatir a partir del jueves 19 muestra el diagnóstico oficial de la situación sin necesidad de adjetivarla, reclama la declaración de la emergencia pública en materia “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”.

La búsqueda de recursos se apoya en una idea que siempre quiso poner en práctica Néstor Kirchner, como es el desarrollo de un sistema tributario progresivo en el que a más posesiones mayor aporte. Los pilares iniciales del plan se apoya en el cobro de impuestos a los bienes personales a partir del equivalente a 31.000 dólares, con escalada conforme aumente la riqueza y hasta la duplicación de la carga para quienes tengan sus bienes en el exterior, y la suba de los aranceles a las exportaciones agropecuarias, mal llamadas “retenciones”, con una propuesta de tope del 33% en el caso de la soja y del 15% para trigo y maíz. La hipótesis en que se basa esta última medida es que la misma conduce al freno de la suba del precio de los alimentos, con un ingreso mayor de divisas y suba en la recaudación impositiva.