ATEA •  Opinión •  10/03/2017

Por qué consideramos inadecuadas las ‘consultas populares’ sobre tauromaquia

A raíz de la polémica suscitada por el deseo del Ayuntamiento de San Sebastián de celebrar una ‘consulta popular’ sobre si debe permitir la celebración de corridas de toros en Illumbe y la posterior desautorización del Gobierno español, ATEA desea manifestar a la opinión pública su inequívoca postura contraria a cualquier tipo de consulta sobre hechos que afectan de forma seria a los animales, como es, desde luego, cualquier evento taurómaco.

Aunque resulta muy fácil establecer de forma automática una vinculación entre hechos como ‘consulta’ y ‘democracia’, quizá deba concluirse que la democracia bien entendida es algo más complejo y profundo que la mera consulta constante. De hecho, la experiencia política (gestora) cotidiana nos demuestra que preguntar (consultar) a la ciudadanía no es un hábito precisamente habitual. Pero lo más significativo es que ello se muestra razonable, pues de lo contrario dicha tarea se volvería caótica (en realidad, imposible). Por supuesto que el elemental espíritu democrático sugiere un momento para la consulta, de cuyo resultado saldrá un equipo gestor, que a su vez elegirá equipos humanos para tareas específicas. Parece lógico que así sea, y, aunque nunca está de más conocer la tendencia en cuanto a opinión ciudadana, no hay que estar necesariamente solicitándola a la comunidad con absurda frecuencia. Lo cierto y verdad es que tal cosa no sucede de facto.

A pesar de ello, diversas entidades políticas muestran en ocasiones su deseo de que esta o aquella cuestión se pregunte a la ciudadanía (casi siempre, sin que el resultado sea vinculante, lo cual resulta en cierto modo contradictorio, y hasta sospechoso). En sí mismo, esta ocasional tendencia a descargar la decisión en la sociedad no parece estar propulsada por una virtud moral democrática, sino más bien por el [poco virtuoso] deseo de ‘quita

ATEA considera que, sin duda alguna, deben establecerse ‘líneas rojas’ en cuanto a las consultas populares, y tenemos claro que una de ellas es la posibilidad de que determinado resultado dictamine la libertad de agredir e incluso matar a seres inocentes, que en lo fundamental tienen idénticos intereses que nosotros mismos: evitar el sufrimiento y ser razonablemente felices. ¿Podría ser de otra forma?

Creemos que poner en manos de la ciudadanía cuestiones de calado como la tauromaquia empequeñece la importancia de la ética global en la que creemos, y que por ello reivindicamos, sin percatarnos que cometemos así una trágica incongruencia.

Los derechos animales ni se negocian ni deben ser objeto de consulta, pues no se hace cosa similar con cuestiones que afectan a los niños, a las mujeres o a los hombres. Y nos permitimos recordar en este punto ―por enésima vez― que el mismo grado de padecimiento merece idéntica consideración teórica por nuestra parte, con independencia de factores como la raza, la clase social, el sexo o la especie.

Por tanto, consideramos la aceptación de cualquier forma de consulta popular que ponga en juego los intereses de los animales una gravísima claudicación en nuestras reivindicaciones de base, y que, en lógica consecuencia, no procede dar pábulo a dichas fórmulas ‘democráticas’, pues para eso están los representantes políticos elegidos en las urnas cuando toca, quienes han hallado en esta vía el modo perfecto de evadir responsabilidades que solo a ellos corresponden.


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