Christian Zampini •  Opinión •  10/02/2018

Prisión permanente revisable o de como instrumentalizar el alarmismo electoralmente

Prisión permanente revisable o de como instrumentalizar el alarmismo electoralmente

“El gobierno lo único que hace es ver cuáles son los problemas que preocupan a la gente y de qué manera puede contribuir a resolver los problemas de los ciudadanos”, afirma, visiblemente contrariado, el ministro portavoz del gobierno del Partido Popular Iñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Con su evasiva respuesta contesta a una reportera que acababa de preguntarle sobre la intención de voto de su partido reflejada en las encuestas. La respuesta no puede ser más paradójica, en una rueda de prensa en la cual se anuncia un proyecto de ley para extender la prisión permanente revisable, en un país en el que la seguridad ciudadana se encuentra entre las principales inquietudes de solo el 2,9% de la población.

En el año 2015 el gobierno introdujo una modificación del código penal para incluir esa figura jurídica, una suerte de eufemismo para la cadena perpetua, despertando el rechazo de todos los grupos de la oposición. Su introducción, de hecho, se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y en octubre de 2017 se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para derogar su introducción en el Código Penal que contó con el apoyo de toda la oposición excepto Ciudadanos, que se abstuvo.

Pero el clamor en contra de los grupos políticos de la oposición no parece minar la voluntad del PP por mantener y reforzar la existencia de esta pena. Tampoco el rechazo manifestado por jueces y juristas que a través de manifiestos y comunicados se han manifestado en contra por suponer un ataque directo al principio de reeducación y reinserción del sistema penal establecido. Su proyecto para extender los delitos penados con esta medida demuestra una voluntad diametralmente opuesta a escuchar todas esas voces.

Argumentos puestos en duda

Las argumentos del gobierno para su defensa a ultranza han venidos siendo básicamente dos. Por un lado, lo que el ministro de defensa Rafael Catalá define como “una armonización de la legislación” con el resto de países de la Unión Europea, dado que su ausencia en el Código Penal era una “absoluta excepción”. Un argumento muy cuestionado, en primer lugar porque no se trataba de una excepción tan absoluta, no figurando tampoco en la legislación de países como Portugal (un caso más de la amnesia involuntaria, o quizá no tanto, que nuestros gobiernos suelen tener para con la República vecina), donde las penas máximas no pueden exceder los 30 años. Y en segundo lugar porque la norma no armoniza en lo absoluto con las legislaciones europeas tremendamente diferentes en su aplicación de la cadena perpetua. Esta, siempre excepcional, cuenta como norma extendida entre los países que la contemplan, con una revisión a los 15 años, en lugar de los 25 años como mínimo para poder optar a la libertad aquí establecidos.

El segundo argumento del gobierno popular es el apoyo social con el cual supuestamente cuenta la prisión permanente revisable. A lo largo de las últimas semanas, Catalá no ha cesado de reiterar que la mágica cifra del 80% de la gente la apoya (en este caso las encuestas sí parecen importar).  Desde el plano técnico, la respuesta es contundente, ya que la doctrina judicial internacional establece que la opinión pública no puede condicionar el respeto de los derechos humanos desde que en los años ’30 se produjeron ciertos problemas en algunos países de Europa (que no es necesario mencionar para no incurrir en la Ley de Godwin). Desde el plano político, la respuesta es igualmente dura. Tanto las asociaciones profesionales como las portavocías de la oposición han señalado la flagrante instrumentalización electoralista de algo tan serio e importante como la legislación penal por parte del partido del gobierno.

Una realidad que contradice al gobierno

Por si fueran pocos argumentos en contra de la pertinencia de voluntad de endurecimiento de las penas, las estadísticas de criminalidad también se empeñan en cuestionar la posición del gobierno. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, España se sitúa como entre los 20 estados con menor tasa de criminalidad y delincuencia del mundo. Valores idénticos arrojan los informes de la Unión Europea que lo sitúan como el tercer país con menor incidencia criminal, solo superado por Grecia y, sorpresa, Portugal.

Cabe preguntarse cuáles son las razones reales del gobierno para continuar con esta estrategia. Sus mítines y actos políticos con familiares de las víctimas de los crímenes más mediáticos de los últimos años parecen reforzar la imagen de una firme voluntad por instrumentalizar el alarmismo y lo peores temores de la población. Quizá la tendencia conservadora a defender valores punitivos y vengativos en las legislaciones penales esté jugando una mala pasada al Partido Popular. O puede ser que no den tan poca importancia a las encuestas electorales como sostiene el ministro Méndez de Vigo.


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