Ramaris Vásquez • 07/02/2021

Venezuela “sancionada”: El recuento de los daños

Durante años, Estados Unidos (EEUU) la Unión Europea (UE), y el autollamado Grupo de Lima han “castigado” a los venezolan@s mediante “sanciones” -en procura de un cambio de gobierno y la satisfacción de intereses económicos- ocasionando, junto a la crisis sociopolítica interna, daños profundos: Sufrimiento, calamidad material, muertes y dispersión.

Mientras la contención continúa, Alena Douhan, relatora Especial de la ONU sobre la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, está en Venezuela haciendo el recuento de los daños infligidos a la población mediante las -mal llamadas- “sanciones” (1).

Vale aclarar que la hegemónica denominación de “sanciones” implicaría que los pueblos han hecho algo que merece castigo y que el mundo necesita un ejército de gendarmes. De allí que a estas arbitrariedades se les ha llamado, elegantemente, Medidas Unilaterales Coercitivas (MCU), y contrarían sustantivamente el ordenamiento internacional.

En todo caso, Douhan no es la única con potestad para visibilizar las secuelas de actos ilegales contra Venezuela y su gente. Varias instancias vienen denunciando los desmanes “sancionatorios” contra los venezolan@s.

El Centro para la Economía e Investigación de Políticas de EE.UU (2019), en su estudio Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela, concluyó que:

“(…) de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), una encuesta anual de condiciones de vida administrada por tres universidades venezolanas, hubo un incremento general de 31% de mortalidad general de 2017 a 2018. Esto implicaría un aumento de más de 40.000 muertes. Eso supondría una gran pérdida de vidas civiles, incluso en un conflicto armado, y prácticamente es seguro que las sanciones económicas de EE.UU. contribuyeron sustancialmente a estas muertes”. (Weisbrot y Sachs, 2019, Pág. 14). (2).

International Crisis Group, en su informe “Imaginando una resolución a la crisis venezolana, confirma que las MCU contra Venezuela comenzaron en 2005 y se acentuaron en 2017, e identifica tres categorías: “las que se aplican a personas específicas por presuntas violaciones a los DDHH o participación en crimen organizado y/o terrorismo” las “sectoriales” y las “financieras”. (Informe sobre América Latina N°79, 2020, Págs. 21-22). (3)

Según la ONG Sures, las MCU sectoriales y financieras –que afectan a tod@s los venezolan@s- se impusieron luego que en 2015 la “orden” Ejecutiva 13692 decretara Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU”. (Revista Inusual &Extraordinaria N°3, 2020, Pág.3). (4)

Según esta fuente, la emisión de “Órdenes” estadounidenses se afianzó en 2018: la 13808 prohíbe “al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda con Venezuela”; la 13827, se erige contra “la criptomoneda Petro”; la 13835, “contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela” y la 13850 contra “el comercio del oro venezolano”. (Revista Inusual&Extraordinaria N°3, 2020, Pág.3). (4).

La UE impuso sus propias MCU. La ONG Sures refiere que el bloque europeo emitió “nueve (9) medidas (…) desde noviembre del 2017 hasta mayo de 2020, seguido por el Reino Unido con dos (2), y una (1) por parte de la Confederación Suiza”. (Informe especial MCU de la U.E. contra la República Bolivariana de Venezuela, 2020, Pág.10). (5)

Todas estas MCU facilitarían acciones como las que la ONG Sures denuncia en su Informe especial MCU de la Unión Europea contra la República Bolivariana de Venezuela: “para enero de 2019 la financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retiene 1 mil 543 millones de euros del Estado venezolano, destinados a cancelar los tratamientos para personas con enfermedades crónicas. Entidad que pasó a ser propiedad del fondo de capital de riesgo de Estados Unidos Lone Star, empresa que lo “adquirió” a costo”. (Informe especial MCU de la U.E. contra la República Bolivariana de Venezuela, 2020, Pág.12). (5)

Así se han producido lo que la ONG venezolana Sures ha revelado como “retenciones ilegales que han realizado financieras europeas sobre los recursos de la Nación y el pueblo venezolano. Tal es el caso de Euroclear que una semana después de emitidas las “medidas restrictivas” retuvo 1.650.000.000 de dólares estadounidenses que el Gobierno venezolano había cancelado para la compra de alimentos y medicinas”. (Informe especial MCU de la U.E. contra la República Bolivariana de Venezuela, 2020, Pág.12). (5)

Todas estas acciones violan -entre otras- la resolución A/HRC/RES/27/21, relativa a DD.HH. y MCU, aprobada en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos (CDD.HH.) de la ONU, que en su numeral 9 condena estos embates: “(…) los artículos de primera necesidad, como los alimentos y las medicinas, no deben utilizarse como instrumento de coacción política y que en ninguna circunstancia debe privarse a las personas de sus propios medios de subsistencia y desarrollo (…)”.(Pág.4).(6)

La realidad transgrede el papel impunemente. El recuento de los daños desnuda cómo las MCU y la crisis interna laceran un pueblo inocente en territorio bolivariano.

Fuentes:

Venezuela “sancionada”: El recuento de los daños

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