Reforma laboral y derecha desquiciada

Antonio Garamendi, el jefe de la patronal, ya ha sido elevado al elenco de deidades del comunismo junto a Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao y el Papa Francisco. El honor de que el rostro del empresario figure junto a los citados, en los murales hagiográficos del marxismo-leninismo, ya ha sido otorgado por los medios ultraconservadores, que consideran que la firma estampada del presidente de la CEOE en el acuerdo para la reforma laboral es el sumun de las traiciones de quien, finalmente, se ha revelado como un componente fáctico determinante del gobierno socialcomunista y bolivariano.

Bromas aparte, es una desgracia nacional disponer de la derecha más rancia y retrógrada del espacio europeo, cuyas líneas de separación con la extrema derecha están absolutamente difuminadas. Así, su indigencia política y fanatismo ideológico le impiden comprender qué es lo que ha pasado, cómo es posible que el empresariado firme un documento con los sindicatos y los comunistas para establecer nuevas condiciones en el mercado de trabajo. Sobre todo cuando no se han cansado de repetir que Europa nunca permitiría que se tocara una sola coma de una ley, la del Partido Popular, que supuestamente tanto bien había hecho al empleo en España(a pesar de que el paro nunca bajó del 14%). Mientras pregonaban esto a los cuatro vientos, hace justo un año la Comisión Europea elaboraba unas bases de Directiva cuyo objetivo era impulsar en la UE la elevación de los salarios mínimos y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Hace tan sólo unos días, los Veintisiete acordaron una posición común sobre aquella propuesta del ejecutivo comunitario, la cual se someterá, acto seguido, a consideración del Parlamento de Estrasburgo. Nuestras derechas han sido incapaces de percibir el cambio de paradigma que en Europa se ha producido, a partir de la pandemia, motivado por la necesidad que tienen las potencias más desarrolladas del continente de robustecer el mercado común interior, a fin de dar salida a su producción en un contexto de incertidumbre en el comercio mundial. Dicho de otra manera: Alemania, Holanda y similares necesitan que las clases trabajadoras de Italia, España y Portugal tengan capacidad de compra para adquirir productos del norte sin recurrir a un endeudamiento que ya es excesivo para estos países y amenaza la estabilidad de las finanzas de la eurozona. Para ello hay que reforzar el consumo en el sur, y los salarios son su componente fundamental. Hay, en consecuencia, que fortalecer la protección de los asalariados. No es que en Bruselas, Berlín o la CEOE se hayan hecho comunistas. Simplemente han adaptado sus políticas económicas y marcos laborales a las necesidades de la economía europea, lo cual es incomprensible para unas fuerzas políticas con la razón embotada por un pensamiento tan ultraliberal como reaccionario.

Porque, además, hemos de tener clara una cuestión: el acuerdo firmado mantiene lo que es la quintaesencia del capitalismo. Efectivamente, la potestad patronal para organizar las condiciones de trabajo, es decir, lo que se conoce como la flexibilidad interna de las empresas, permanece incólume en ese documento que han firmado Yolanda Díaz y los secretarios generales de UGT y CCOO. Lo que resulta novedoso es que el Estado, es decir, la ciudadanía en su conjunto, se hace cargo de las consecuencias sobre la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que implica aquella prerrogativa del capital. En resumen: unos ERTES estructurales, que pasan a llamarse Mecanismo Red, asumirán los despidos y reducciones salariales que el empresario acometa a la hora de manejar la empresa en función de sus propias expectativas de negocio. Por eso Garamendi ha firmado, porque el derecho de propiedad se mantiene inalterable, si bien ha tenido que ceder en lo tocante a aspectos(prevalencia de convenio sectorial sobre el de empresa, acotamiento de la temporalidad, límites a la subcontratación, destope de la ultraactividad,…) impuestos por esos vientos de espíritu del 45(un tanto rebajado)que vienen de Europa. Y que van a mejorar la vida de millones de personas, ciertamente.

Por consiguiente, para que esta reforma laboral cumpla su misión progresista tiene que venir acompañada de una profunda reforma fiscal que, haciendo pagar de una vez por todas a quienes más tienen, sostenga el coste de las rescisiones de contratos que los dueños de los medios de producción tengan a bien ejecutar para el normal desenvolvimiento de su proceso de acumulación. Se requieren, asimismo, políticas activas de empleo que generen aquellos puestos de trabajo que el sector privado es incapaz de crear. La aproximación al pleno empleo es el arma más eficaz en manos de la clase trabajadora para robustecer su capacidad negociadora y evitar que la gente pierda su trabajo o vea su salario mermado. 

Acordar entre sindicatos, empresarios y gobierno el marco normativo de la producción de bienes y servicios tiene además, en la España de hoy, un valor añadido(y retomo el argumento inicial): aísla políticamente a Casado y a Abascal, que demuestran que su no compulsivo a todo y a todos es resultado de una postura extremista, desestabilizadora y desquiciada, que los aleja del poder en la misma proporción en que pierden complicidades, también en Europa. Conjurando ese peligro de un gobierno PP-Vox, evitamos no sólo que vuelva la reforma laboral de Rajoy, sino también que se esfume definitivamente la posibilidad de ampliar los derechos sociales.

                                         joseharohernandez@gmail.com