Menos IBI para grandes patrimonios y más carga para los vecinos: Adelante Andalucía Sevilla critica la política fiscal de Sanz

Adelante Andalucía en Sevilla ha criticado el anuncio realizado por el alcalde, José Luis Sanz, sobre una nueva rebaja del IBI, considerando que responde a “una política fiscal más preocupada por el titular que por corregir desigualdades o reforzar los servicios públicos que sostienen la ciudad”.

Adelante Andalucía Sevilla considera que el Gobierno municipal vuelve a presentar como una medida general de alivio fiscal lo que, en la práctica, “favorece especialmente a quienes concentran mayor patrimonio inmobiliario”.

“La cuestión no es si el IBI baja unas décimas o un punto, sino quién se beneficia realmente y en qué proporción”, señala la formación.

La organización recuerda que las rebajas aprobadas por el Ayuntamiento se aplican mediante una reducción general del tipo impositivo del impuesto, extendida también a los tipos diferenciados y sin establecer un límite máximo de beneficio asociado al valor del inmueble.

“Eso significa que no estamos ante una bonificación social o progresiva dirigida a familias trabajadoras o a quienes tienen más dificultades, sino ante una rebaja general donde el ahorro económico aumenta conforme aumenta el valor catastral y el patrimonio inmobiliario.”

Desde Adelante Andalucía Sevilla sostienen que “una familia con una vivienda media apenas percibirá unos pocos euros de diferencia al año, mientras grandes propietarios, entidades financieras, SOCIMIs o fondos con importantes carteras inmobiliarias obtienen ahorros notablemente superiores”.

“Nos dicen que es una bajada para todos, pero cuando el beneficio no tiene corrección social ni techo por arriba, la realidad es sencilla: quien más patrimonio tiene, más ahorro recibe. No es un accidente técnico; es una determinada forma de entender la política fiscal.”

La organización andalucista considera especialmente llamativo que el anuncio se produzca mientras el Gobierno municipal apela a la responsabilidad presupuestaria y a las obligaciones legales para justificar el incremento de la tasa de residuos.

Adelante Andalucía Sevilla recuerda que la adaptación de la tasa de residuos responde a la Ley 7/2022 y al principio legal de que el servicio cubra su coste bajo el criterio de “quien contamina paga”. El propio expediente municipal reconoce que la modificación de la tasa responde a un imperativo legal y a la obligación de incorporar sistemas vinculados a la generación de residuos.

Sin embargo, la formación subraya que la obligación legal no impone un único modelo ni obliga a trasladar el esfuerzo exclusivamente a los residentes.

“Europa no obliga a hacer una tasa socialmente ciega. Eso es una decisión política.”

En este sentido, Adelante Andalucía Sevilla considera que el debate sobre la financiación municipal debería incorporar también la implantación de una tasa turística o mecanismos equivalentes que permitan compensar parte del impacto que la actividad turística genera sobre la ciudad.

“Los turistas también generan residuos, utilizan el espacio público, incrementan la presión sobre la limpieza y multiplican los costes de mantenimiento urbano. Resulta difícil defender que Sevilla aspire a batir récords turísticos año tras año pero descarte herramientas fiscales que ayuden a sostener los servicios que hacen posible esa actividad.”

Para la formación andalucista, “no se trata de criminalizar el turismo, sino de repartir de forma más justa los costes que produce”.

“La alternativa no puede ser que los beneficios del turismo se privaticen mientras la factura de limpiar y mantener la ciudad se socializa entre los vecinos y vecinas.”

Adelante Andalucía Sevilla cuestiona igualmente el discurso municipal sobre la supuesta “solvencia económica” del Ayuntamiento cuando numerosos servicios siguen necesitando refuerzo e inversión.

La empresa municipal de limpieza, Lipasam, reconoce en su propia documentación presupuestaria la necesidad de incrementar personal, ampliar servicios, reforzar la recogida selectiva y adaptar el sistema a nuevas zonas de crecimiento y a las exigencias derivadas de la normativa de residuos. El presupuesto de explotación prevé incrementos significativos en gasto y necesidades operativas, incluyendo nuevas contrataciones e inversiones en flota e infraestructuras.

El propio dictamen económico municipal sobre las ordenanzas fiscales señala además que la rebaja del 1 % del IBI supone una merma superior a 1,68 millones de euros para las arcas municipales y advierte de que esos recursos podrían contribuir a mejorar servicios públicos y cubrir vacantes existentes en la administración local. El documento recuerda igualmente que permanecen 1.357 plazas municipales sin cubrir.

“Si existe tanta solvencia como proclama el Gobierno municipal, lo razonable sería que esa fortaleza se notara antes en los barrios, en la limpieza, en el mantenimiento urbano y en la capacidad de los servicios públicos, y no únicamente en anuncios fiscales de escaparate.”