Antonio Maíllo acusa al Ayuntamiento de Sevilla de ponerse del lado de los especuladores: “La derecha gobierna, y se nota”

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cargado duramente contra el Gobierno municipal de Sevilla, al que acusa de anteponer los intereses de los especuladores al derecho a la vivienda de los sevillanos. En una intervención pública, Maíllo ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto en operaciones clave, permitiendo que viviendas protegidas caigan en manos de fondos de inversión. “La derecha gobierna y se nota”, ha sentenciado el líder de la coalición de izquierdas, señalando directamente al alcalde José Luis Sanz por lo que considera una política de vivienda “antisocial”.

El foco de la crítica se centra en la decisión del Consistorio de no adquirir un bloque de 102 viviendas de protección oficial en la calle Alberto Jiménez-Becerril, que finalmente fue comprado por un fondo de inversión . Maíllo ha reclamado que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas a su alcance, como el tanteo y retracto, para que inmuebles como este pasen a engrosar el parque público de Emvisesa y evitar así que se conviertan en objeto de especulación. Desde la oposición ya se había alertado de que esta operación generaba “incertidumbre” para las 102 familias residentes, que temen subidas de alquiler o no poder renovar sus contratos. De hecho, el nuevo propietario ya ha comenzado a aplicar incrementos de hasta un 40% en las mensualidades, según denuncias vecinales.

Esta polémica se produce en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario sevillano, donde colectivos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos señalan la “especulación patrocinada por las instituciones” como uno de los principales problemas. Mientras, desde el Ayuntamiento defienden su gestión y aseguran que están trabajando para ampliar el parque público de vivienda a través de diferentes programas, como el propio ejercicio del derecho de tanteo y retracto, que ha permitido la compra de decenas de viviendas en los últimos años. Sin embargo, el caso de Jiménez-Becerril se ha convertido en un símbolo de las políticas de vivienda que Maíllo y su formación prometen combatir para “acabar con el desmantelamiento de lo público”.