«Caso Almería: 40 años sin reconocimiento en Andalucía»

La asociación ha aprobado un documento como declaración institucional para el Parlamento de Andalucía (el mismo texto que fue aprobado hace tres años en el Parlamento de Cantabria) donde se pide el reconocimiento de las víctimas como víctimas del terrorismo. El próximo 5 de mayo se presentará por registro a los partidos políticos, y ahora se está firmando con las adhesiones de las asociaciones memorialistas y de DDHH. También como plan de acción se va a publicar en coedición con Atrapasueños ed. , el libro «Caso Almería cuarenta años después» del profesor Manuel Hijano y la investigadora Chaymau Outnarit, que aporta nueva luz sobre documentos no investigados en otras publicaciones.

Antecentes: Declaración Institucional del Parlamento de Cantabria

Más allá de las fronteras andaluzas, las víctimas del Caso Almería han tenido su reconocimiento oficial. Concretamente, el Parlamento de Cantabria, el 10 de mayo de 2018 suscribe un manifiesto institucional firmado por todos los grupos parlamentarios y, a su vez, dos días antes se realiza un homenaje público en su sede.

Los debates para organizar el acto y redactar el manifiesto comienzan el 30 de septiembre de 2016, en la Junta de Portavoces. En esa sesión, todos se muestran a favor de elaborar un proyecto de actos y una declaración institucional en recuerdo de las víctimas.

El asunto sale a colación de nuevo el 28 de octubre, pero no es hasta en la reunión del 24 de marzo de 2017, cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, Verónica Ordóñez López, reparte una propuesta de declaración. Los meses posteriores son testigos de numerosas discusiones en cinco sesiones que se extienden desde el 31 de marzo hasta el 28 de abril. Finalmente, el homenaje y el documento se hacen realidad trece meses después.

Desde la asociación andaluza de Víctimas de la Transición (fundada en 2020) hemos acordado proponer una declaración institucional en el Parlamento de Andalucía y que sea aprobada por todos los grupos políticos democráticos. Previamente vamos a ofrecer a las asociaciones de memoria histórica y entidades sociales de los derechos humanos que se adhieran a esta petición de declaración institucional. La declaración del Parlamento de Cantabria, la cual tomamos como base para Andalucía, fue apoyada por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Podemos, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Regionalista, Grupo Parlamentario Popular y la Presidenta del Parlamento.

Propuesta de texto íntegro de la declaración institucional

“El día 7 de mayo de 1981 Luis Montero García, de 33 años, natural de Fuentes de San Esteban (Salamanca) y empleado de FYESA en Boo de Guarnizo, Luis Cobo Mier, de 29 años, natural de Santander y empleado de ACERIASA en Nueva Montaña, y Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina (Almería) y empleado de FEVE en Santander; y todos ellos residentes en Cantabria, inician un viaje en automóvil, propiedad de Luis Cobo, hasta la localidad de Pechina en Almería para acudir a la primera comunión del hermano de Juan, Francisco Javier Mañas Morales. Esa noche pernoctan en Madrid, en la casa que les ha prestado un amigo y en la mañana del día 8 de mayo continúan su viaje hacia la provincia de Almería.

El mismo día 7 se produce en Madrid un atentado de ETA sobre el vehículo que transporta al General Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar del Rey, dejándolo muy malherido y acabando con la vida de los tres militares que lo acompañan.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado montan inmediatamente el habitual dispositivo de control y búsqueda de los presuntos responsables del atentado, que se relaciona inicialmente con José María Bereciartúa y José León Mazusta, acompañados por un tercer integrante del comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa.

Mientras tanto, en la segunda etapa de su viaje tras su salida de Madrid, los viajeros cántabros sufren una avería en el vehículo, que imposibilita su utilización posterior y les obliga a la búsqueda de un modo de transporte alternativo. Tras barajar el ferrocarril, se deciden por el alquiler de un coche en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), con el que consiguen finalmente arribar a la casa familiar de Juan Mañas en la provincia de Almería en la madrugada del sábado 9 de mayo.

Sin embargo, en la mañana de ese mismo sábado, un hombre con el que habían coincidido el día anterior en Alcázar de San Juan cree reconocer a los viajeros cántabros en las fotografías de los presuntos autores del atentado de Madrid que la prensa ha publicado y lo comunica a la Guardia Civil, que monta un dispositivo de búsqueda, encabezado en Almería por el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero, que localiza y detiene a los jóvenes el día 9 a las 9 de la noche en una tienda de regalos de Roquetas de Mar.

Una vez identificados por los documentos que portaban, dado que Luis Cobo había dejado los datos de su documento de identidad para alquilar el coche con el que finalmente llegaron a Pechina el día de su detención, se inician múltiples actuaciones, tanto en Santander como en Almería, para contrastar su identidad según los documentos que portaban. Estás diligencias demostraban, sin duda alguna, que los detenidos no podían ser los autores del atentado.

Sin embargo, hacia las 6 de la mañana del día 10 de mayo aparecen los cuerpos de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales dentro de los restos del vehículo alquilado, en un pequeño barranco de la carretera de Gérgal (Almería), calcinados, desmembrados y con múltiples balazos.

Sobre lo ocurrido en el periodo que media entre su detención y el hallazgo de sus cadáveres (aproximadamente 9 horas) no existe más allá de una versión oficial reconstruida por los mandos responsables de su secuestro y desaparición, que responsabilizó a los propios jóvenes (“peligrosos terroristas”) de su muerte por un intento de fuga. Versión inverosímil que mantuvieron y aumentaron incluso cuando se conoció fehacientemente la verdadera y pacífica identidad de los asesinados.

Según Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, fue necesario hacer siete autopsias y multitud de pruebas periciales porque los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes como etarras, lo cual fue la tónica general por parte de las defensas de los miembros de la Guardia Civil, que incurrió en un sinfín de contradicciones, llegando a atribuir falsamente la propiedad de unas pistolas a las víctimas, o a menospreciar el testimonio de unos pescadores que acudieron a ayudar al ver el coche en llamas y pudieron ver la lata de gasolina con la que presuntamente lo prendieron fuego. También se puso de manifiesto la desaparición de pruebas en Casas Fuertes, una fortaleza a dónde las familias creen que fueron trasladados los detenidos en el transcurso de aquella aciaga noche para ser torturados.

En 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a máquina por un supuesto agente de la Guardia Civil implicado en la que se acusa a cuatro agentes, entre ellos al Teniente Coronel Castillo Quero: “Al principio les dieron una paliza (…) perdiendo uno de ellos el conocimiento (…) los mataron de un tiro por separado…”. El texto abunda en detalles, como la quema del vehículo con una lata de gasolina con los tres jóvenes dentro.

Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abogado (que soportó múltiples amenazas e incluso intentos de hacer explotar su coche) y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner en duda la versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles implicados en el secuestro y asesinato de las víctimas. Finalmente, sólo esos tres procesados fueron condenados por 3 homicidios (no asesinatos): El Jefe del Operativo, Teniente Coronel Castillo Quero, a 24 años de prisión y dos de sus subordinados a 15 y 9 años de prisión, aplicando el Tribunal la circunstancia atenuante de cumplimiento del deber, como eximente incompleta, en el primer condenado, y con la circunstancia atenuante de obediencia debida, como eximente incompleta en los otros dos.

Cumplieron tan sólo una parte de las condenas: Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel 7 años y Fernández Llamas no llegó a 5 años. El cumplimiento de las penas fue en unas condiciones privilegiadas, hasta que la prensa lo destapó, recluidos en establecimientos militares.

Los métodos de terror que se señalan merecen el reproche de la sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violando los más importantes derechos de las personas sometidas, siendo particularmente repugnante, puesto que es ejercida por aquellos que precisamente tienen encomendada la misión de proteger al conjunto de la población y, sin embargo, ejercido por quienes tienen conferido por la Ley el legítimo ejercicio de la fuerza dentro de un proceso, siempre, con las debidas garantías.

Sin embargo, la legislación española (Ley 29/2011) no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado, ya sea por elementos policiales incontrolados, como en el caso de las víctimas del relato anterior. Esta situación, a todas luces injusta, vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos. Todas tienen derecho a justicia y reparación, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización.

La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la segunda categoría de damnificados. En este caso las familias de los “cántabros” Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, quienes (como les ocurre a otras víctimas del franquismo) sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo, así como negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y reconstrucción.

Por ello, en aras de cumplir con los principios de verdad, reparación y justicia para las víctimas entendemos y consideramos que es necesario por fin, 36 años después, que la sociedad civil de Cantabria (y en su nombre sus representantes legítima y democráticamente elegidos) muestre el dolor y el respeto a los familiares de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales y haga suyo el padecimiento sufrido a lo largo de tantos años, considerando que las citadas personas deben ser reconocidas a todos los efectos legales como víctimas de terrorismo.

Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Políticos representados en el Parlamento de Andalucía apoyamos esta declaración a favor de las víctimas del Caso Almería en la que, el Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de España a:

Iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política”.

ADHESIONES:

Familia de Manuel José García Caparrós 

Familia de Arturo Ruiz

Familia de Juan Mañas