Un juzgado de Madrid cita a declarar a Carlos Serrano Suárez, una víctima de torturas del franquismo, y a Agustín Costo Martínez, uno de los policías
- Tras recibir el auto de citación para declarar, Carlos Serrano Suárez, querellado por las torturas que sufrió a manos de la policía durante el franquismo, divulga la nota de prensa que publicamos a continuación. Asimismo, también se cita como investigado al policía Agustín Costo Martínez.
Comunicado CEAQUA
El pasado 22 de enero de 2025 la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 41 admitió a trámite la querella presentada por Carlos Serrano Suárez contra cinco miembros de la Brigada Político-Social por las torturas sufridas en octubre de 1975, en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Un año después de esta admisión, mediante providencia de 11 de febrero de 2026, dicho Tribunal ha citado a declarar el próximo 22 de junio de 2026, a las 10:30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, al querellante Carlos Serrano y en calidad de investigado a uno de los policías querellados, Agustín Costo Martínez.
En ese mismo auto, el tribunal acordó librar oficio a la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior para que facilitara los datos de identidad y filiación completa de los policías querellados.
Desde CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) valoramos positivamente esta citación, que puede suponer un impulso relevante en la tramitación de la causa y un avance en la investigación judicial de los hechos denunciados.
No obstante, recordamos que tanto la admisión a trámite de esta querella como la citación de querellante y querellado siguen siendo, a día de hoy, situaciones excepcionales. El Estado español continúa lejos de revertir las políticas de impunidad que, con carácter general, impiden la investigación judicial de los crímenes cometidos durante el franquismo.
Por ello, CEAQUA reitera su demanda de que el Estado español adopte medidas legislativas que garanticen plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición.
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