Científicos advierten que el «Súper Rigi» hipoteca el futuro de Argentina

Académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de Argentina subrayaron este lunes que el Gobierno del ultraderechista Javier Milei está a punto de aprobar «el régimen de inversiones más extremo del mundo» que implicaría “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se encamina a su tratamiento en la Cámara alta.

Mediante una carta enviada a senadores bajo el título de «La impunidad artificial avanza», los firmantes refirieron que de ser aprobado, el proyecto denominado «Súper RIGI» ofrecerá a grandes corporaciones tecnológicas transnacionales privilegios fiscales, estabilidad regulatoria garantizada por décadas y protección jurídica excepcional, sin garantía del empleo local, transferencia de tecnología, y “ningún compromiso concreto con el desarrollo del país”.

“El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”, aclararon los suscriptores, al precisar que “la gravedad se multiplica cuando se analiza en conjunto con otra reforma en discusión: el reconocimiento como personas jurídicas a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial”.

Analizaron además que “esa combinación configura una arquitectura legal sin precedentes: corporaciones de enorme poder económico operando con privilegios excepcionales, sin controles democráticos ni responsabilidades claras frente a la sociedad argentina”.

Argumentan los suscriptores de la carta que “la renuncia fiscal es de una magnitud desproporcionada y más cuestionable aún cuando la evidencia internacional muestra que los incentivos impositivos no son el factor decisivo para que las empresas elijan dónde instalar sus centros de datos”.

Sobre el impacto ambiental manifestaron que las infraestructuras de esta escala recibirían garantías regulatorias por 30 años sin normas estrictas sobre consumo de agua, energía o emisiones de carbono.

“Los centros de datos asociados a inteligencia artificial demandan volúmenes crecientes de electricidad y agua. En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones que vienen”, sentenciaron.

Al exponer que el caso YPF es una advertencia concreta donde ceder soberanía jurídica sobre sectores estratégicos tiene costos multimillonarios, insisten que “amparar estas inversiones bajo mecanismos de arbitraje internacional que limiten la jurisdicción nacional sería repetir ese error en una escala mayor”.

En este contexto, argumentan, la Administración de Milei desfinancia al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Agencia Nacional de Promoción Científicas y Tecnológica, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas. Ningún país construye soberanía tecnológica de esa forma, precisaron.

Al referir que las senadoras y los senadores tienen ahora esa decisión en sus manos, el grupo de firmantes insisten que “su responsabilidad no es evaluar solo los beneficios de corto plazo: es proteger la integridad de sus territorios, el derecho de sus habitantes al empleo digno, el cuidado de los recursos naturales y la capacidad de las futuras generaciones de decidir sobre su propio destino”.

“La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir sobre su propio desarrollo. No hipotecar el futuro también es una forma de defender la nación”, remarcaron.

El Súper Rigi

El nuevo régimen plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, con especial atención a industrias consideradas estratégicas como inteligencia artificial, centros de datos y semiconductores, sectores que el Gobierno busca atraer desde grandes compañías internacionales.

Además, la iniciativa establece que las empresas adheridas pueden someter controversias legales directamente a arbitraje internacional (como el CIADI del Banco Mundial), evitando los tribunales de la justicia local o nacional argentina.

Asimismo, las objeciones apuntan a que las compañías beneficiadas accederían a condiciones especiales que no alcanzan a las pequeñas y medianas empresas nacionales, mientras que el Estado perdería herramientas para regular áreas consideradas claves para el desarrollo soberano.