Entrega de 417.000 firmas para pedir que no se pongan en marcha tribunales exclusivos para las multinacionales
Hoy lunes 26 de febrero, a las 11:00, representantes de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA entregarán 417.000 firmas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La nueva propuesta de la Comisión Europea podría afianzar un vasto sistema jurídico paralelo que inversores y multinacionales usarían para socavar el proceso democrático de toma de decisiones.
Portavoces de la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, de la que forma parte Ecologistas en Acción y que cuenta con el apoyo de más de 350 entidades, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas, atenderán a los medios de comunicación para comunicar la acción que tendrá lugar el lunes 26 de febrero, a las 11:00, frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Representantes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA asistirán a esta acción.
Organizaciones presentes en la acción:
ATTAC España, Ecologistas en Acción, WeMove Europa, CGT, CCOO, UGT, Izquierda Unida y Podemos.
¡No a los tribunales exclusivos para las multinacionales!
Luis de Guindos
Petición
Cada vez más, las multinacionales utilizan tribunales de inversión para impugnar leyes que protegen a las personas y al medioambiente. Las propuestas para fortalecer este sistema legal paralelo mediante la creación de un tribunal de ámbito mundial son muy preocupantes.
Le pedimos que abandone los planes para establecer un tribunal multilateral de inversiones, que rechace los nuevos acuerdos comerciales y de inversiones que incluyan estos tribunales corporativos y que se comprometa a eliminar dichos tribunales de los acuerdos ya existentes.
Por qué es importante
La nueva propuesta de la Comisión Europea podría afianzar un vasto sistema jurídico paralelo que inversores y multinacionales usarían para socavar el proceso democrático de toma de decisiones.
Una ola de movilizaciones en contra del TTIP y del CETA [1] ha sacudido a toda Europa para frenar los pies a un sistema jurídico paralelo que permite a los inversores llevar a juicio a los Estados si consideran que ciertas decisiones democráticas afectan negativamente sus beneficios. Recientemente, casi 150.000 personas participaron en una consulta popular para mostrar su rechazo a estos privilegios injustificados. Y en vez de eliminarlos, ahora nuestros políticos están intentando implementarlos a nivel mundial… ¡pero con otro nombre! [2].
Este sistema legal propuesto es diferente al de los tribunales tradicionales y a nuestro sistema jurídico democrático. Solo está al alcance de inversores y multinacionales, y a menudo es utilizado por estas para impugnar leyes que consideran que afectan negativamente los beneficios previstos.
El miedo a ser demandados provoca que los gobiernos actúen con mucha más cautela a la hora de tomar decisiones que podrían afectar a las poderosas multinacionales. Los tribunales corporativos son una herramienta para presionar a los gobiernos y conseguir que estos reduzcan la protección de la ciudadanía o el medio ambiente. Por si fuera poco, todo esto costará mucho dinero, y será la ciudadanía a quien le toque pagar.
Países como Sudáfrica, Indonesia y la India ya han demostrado que es posible librarse de este tipo de peligrosos tratados de inversión, abandonando completamente el sistema. Si las propuestas de la Comisión Europea sobre la creación de un tribunal paralelo a nivel mundial salen adelante, es muy probable que se dejen de lado aquellos cambios fundamentales propuestos por los países del Sur global.
Este nuevo tribunal incrementaría el poder de las corporaciones en detrimento de la sociedad civil, justamente lo contrario de lo que se necesita en este momento. Los gobiernos del Sur global están intentando establecer normas vinculantes para las multinacionales en materia de derechos humanos. En vez de fortalecer los derechos de los inversores, la Unión Europea debería apoyar esta iniciativa para hacer que las multinacionales se responsabilicen de las violaciones de derechos humanos.
Referencias
[1] El TTIP es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, negociado entre la UE y los Estados Unidos. El CETA es el Acuerdo Económico y Comercial Global, un tratado que se firmará con Canadá.
[2] A este tribunal se le conoce como el Tribunal Multilateral de Inversiones. De acuerdo a la propuesta de la UE, los inversores podrían utilizar este tribunal global en el marco de tratados de invesión existentes que han demostrado ser una amenaza para las políticas públicas destinadas a proteger a los ciudadanos y al medio ambiente.
Campaña en colaboración con Amigos de la Tierra Europa, Ecologistas en Acción, la Red Seattle to Brussels y Campact
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