Greenpeace expone cómo la industria de los oleoductos en Estados Unidos presiona para que las leyes acallen la protesta pacífica

Greenpeace en Estados Unidos ha hecho público un informe en el que muestra cómo la empresa constructora de oleoductos Energy Transfer Partners (ETP), junto con otras compañías del sector de los combustibles fósiles, están detrás de cambios legislativos en EE.UU. que tienen como objetivo la restricción de los derechos civiles y la penalización de la protesta pacífica. El informe también expone los abusos de esta empresa en materia de derechos humanos, libertad de expresión y daños al medio ambiente en sus operaciones.

“Las prácticas de la empresa Energy Transfer Partners son destructivas para el planeta, para las comunidades y para la salud de la democracia en los Estados Unidos. Ya sea porque contrata a empresas de seguridad privada que espían y se infiltran en los grupos ciudadanos, porque presiona a favor de nuevas leyes que restringen el derecho a la protesta, o porque continúan con la construcción de oleoductos contra la voluntad de los pueblos indígenas propietarios legítimos del territorio por donde discurren. Energy Transfer Partners es un ejemplo de lo que ocurre cuando no se controla el poder de las grandes corporaciones“, ha declarado Annie Leonard, directora de Greenpeace en Estados Unidos.

El informe, “Ir demasiado lejos y demasiado a menudo: el comportamiento empresarial de ETP en materia de derechos humanos, libertad de expresión y medio ambiente“, detalla cómo ETP ha ejercido presiones para legislar contra el derecho a la protesta, tanto de manera directa como a través de organizaciones como el American Legislative Exchange Council (ALEC), un grupo que redacta proyectos de ley en defensa de los intereses de las corporaciones. Este movimiento de ETP busca aumentar las penas por protestar ante “infraestructuras críticas”, donde se incluirían los polémicos oleoductos de la industria petrolera.

La investigación de Greenpeace revela los patrones de este lobby empresarial a través de donaciones a las campañas electorales y conexiones financieras, que dieron lugar finalmente a la presentación de nuevos proyectos de ley en todos Estados Unidos, inspirados por las protestas en Standing Rock y la legislación elaborada por ALEC.

El informe también detalla cómo la compañía está utilizando los tribunales y las denominadas “Demandas Estratégicas contra la Participación Pública” (SLAPP, por sus siglas en inglés) para intimidar la oposición a proyectos como el oleoducto Dakota Access (DALP). En agosto de 2017, ETP demandó a Greenpeace y otras organizaciones civiles por una cuantía de 900 millones de dólares, utilizando una legislación específica (RICO) y argumentando que los grupos ecologistas y aliados de los pueblos indígenas conformaban una “empresa criminal”.

“A pesar de los esfuerzos realizados por ETP para contrarrestar los problemas éticos y reputacionales tras las protestas contra el oleoducto de Dakota Access, esta empresa continúa con sus malas prácticas, tratando de intimidar a cualquiera que se oponga a sus proyectos. La falta de voluntad o la incapacidad de ETP para aprender las lecciones aprendidas debería generar inquietud el sector financiero, el banco BBVA entre ellos, dados los riesgos financieros y de reputación de esta forma de actuar“, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Otros ejemplos del comportamiento de la empresa ETP:

• Daños en al menos 380 sitios sagrados y culturales a lo largo de la ruta DAPL, según ha documentado la tribu Standing Rock Sioux.
• Contratos con empresas de seguridad privada como TigerSwan, que utilizan contra los activistas tácticas de tipo militar y contraterrorismo con un excesivo uso de la fuerza, operando además sin licencia en Dakota del Norte.
• Contratos a esta misma empresa, TigerSwan, para reprimir la oposición al oleoducto Mariner East 2 en el estado de Pensilvania.
• Uso agresivo de los procedimientos de expropiación de las propiedades privadas.
• Una larga y atroz lista de vertidos de petróleo, que incluye 527 incidentes entre 2002 y 2017 en los oleoductos de ETP, Sunoco y sus oleoductos subsidiarios, 67 de los cuales contaminaron los recursos hídricos, cientos de acciones correctivas impuestas y multas por más de 355 millones de dólares desde 2000.