Prensa Latina •  Internacional •  15/05/2022

Piden garantías de seguridad para los candidatos del Pacto Histórico en Colombia

  • Más de 50 congresistas y dirigentes de la campaña del Pacto Histórico pidieron hoy garantías a la CIDH para su fórmula presidencial, integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez.
Piden garantías de seguridad para los candidatos del Pacto Histórico en Colombia

En una carta dirigida a la secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneamu, alertaron ante los hechos que ponen en riesgo la vida e integridad física de ambos aspirantes.

Los firmantes advirtieron sobre las amenazas sucesivas en medio de la contienda electoral contra Petro y Márquez.

Igualmente, señalaron que las autoridades, en un primer momento, desestimaron la denuncia pública realizada por Petro, «en lugar de adoptar medidas inmediatas para investigar lo revelado y abordar el riesgo que estos hechos representaban para su vida e integridad personal.»

En el caso del presidenciable, citaron lo ocurrido el pasado 2 de mayo, cuando el candidato anunció a la opinión pública que suspendía sus visitas programadas al Eje Cafetero por razones de seguridad.

«De acuerdo con la labor realizada por su equipo de seguridad, Petro recibió información de primera mano que el grupo criminal ‘La Cordillera’, banda que tendría vínculos ‘con algunos empresarios amigos de otra campaña’, estaría planeando atentar contra su vida», subraya la misiva.

Asimismo, recalcan que el 5 de abril, la candidata vicepresidencial Francia Márquez denunció que recibió tres amenazas de muerte, por lo que exigió que se le brindaran «garantías para el ejercicio político».

Los dirigentes y congresistas advirtieron que el presidente Iván Duque y el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, han confrontado públicamente a Petro y sus propuestas de campaña, propiciando con ello un escenario proclive a distintos ataques contra él, que pueden afectar su seguridad.

Ante esta situación, pidieron a la CIDH que le exija al Estado colombiano abstenerse, por intermedio de los funcionarios, de hacer pronunciamientos públicos sobre temas electorales.


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