Nara Romero Rams / PL •  Internacional •  02/07/2020

Golpistas en Bolivia buscan retener el poder

Una nueva fecha para realizar elecciones generales en Bolivia exacerba las intenciones del gobierno golpista de sacar del camino al Movimiento Al Socialismo (MAS), y en su desespero recurre a métodos antidemocráticos e inconstitucionales.

Golpistas en Bolivia buscan retener el poder

El candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, es víctima una vez más de los ataques del Ejecutivo encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, y ahora enfrenta una denuncia penal por supuesto daño económico contra el Estado al implementar la Gestora Pública.

La entidad, responsable de administrar los aportes de los trabajadores, fue una de las políticas que permitió reducir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de la población en los últimos 14 años, durante la administración de Evo Morales (2006-2019).

Arce Catacora denunció el hecho ante la opinión pública internacional y en sus redes sociales aseguró que esa artimaña de los golpistas es una cortina de humo para desviar la atención de un decreto que busca el retorno del neoliberalismo al país suramericano.

Las autoridades de facto con esa ley pretenden utilizar un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reforzar, según Arce Catacora, el déficit fiscal y la balanza de pagos, mientras que la batalla contra el nuevo coronavirus sigue desatendida.

‘Hoy los trabajadores están siendo echados a la calle. Los trabajadores están sufriendo reducciones de sus salarios. Los trabajadores están disminuyendo su salario porque les están haciendo firmar las vacaciones como parte de la cuarentena’, enfatizó el exministro de Economía en su canal de Telegram.

Asimismo, comentó durante una conferencia de prensa que ese amedrentamiento y acusación falsa en su contra está en la misma línea de hacer campaña política del partido Juntos, donde su apuesta presidencial es Áñez.

Esta vez -agregó- el gobierno de facto al amparo de la compra venta y con la intención de hacer más líquido el fondo para pagar la Renta Dignidad (incentivo económico para mayores de 60 años) a través de la Gestora Pública ocasionó un daño económico de más de 1,4 de millones de dólares con la venta de bonos.

‘Nuevamente es otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, para tapar otro desfalco al Estado que ya nos tiene acostumbrados este gobierno’, comentó el candidato del MAS.

Reafirmó la intención de continuar con la denuncia de las intenciones de proscribir al partido liderado por el primer presidente indígena de Bolivia que, hasta el momento, marcha primero en la intencionalidad de los votos en todas las encuestas.

‘Nuestra candidatura se mantiene inalterable, seguiremos rumbo a la victoria el 6 de septiembre’, concluyó.

EVITAR TRIUNFO DEL MAS EN LAS URNAS, PRIORIDAD DE GOLPISTAS

La persecución política contra el candidato a la presidencia por el MAS para evitar su participación en los comicios generales, derivados del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre pasado, no pudo ser enmascarada desde su regreso al país el 28 de enero pasado procedente de México, cuando fue citado por la justicia en el mismo aeropuerto de la ciudad de El Alto.

Un presunto caso de corrupción en el Fondo Indígena demandó la presencia de Arce Catacora pero, ante las irregularidades en el proceso judicial, quedó libre de toda acusación.

El 6 de septiembre próximo, día en que los bolivianos elegirán nuevamente el futuro que quieren para su país como lo hicieron el 20 de octubre de 2019, pone en una carrera de velocidad a la mandataria de facto que busca a toda costa perpetuarse en el poder al precio que sea necesario.

La demanda judicial contra el candidato del MAS impuesta ante el Ministerio Público a finales de mayo es señal de la inminente derrota electoral que temen los golpistas, aseguró el líder aymara en su cuenta de Twitter.

‘(?)como lo hemos denunciado, inició una demanda judicial contra nuestro candidato @LuchoXBolivia para inhabilitarlo ya que lidera las encuestas’, escribió Morales.

En la misma línea se pronunció el MAS en un comunicado el 30 de junio y solicitó al Tribunal Supremo Electoral garantizar un proceso donde participen en igualdad de condiciones los pueblos indígenas y sectores populares representados por esa agrupación política.

‘Convocamos a la Fiscalía General del Estado a actuar imparcialmente frente a la actitud del gobierno de facto que ha convertido a nuestros dirigentes políticos y sociales, militantes y afines al MAS-IPSP, en víctimas de un mecanismo perverso de revancha política que se expresa, desde noviembre de 2019, en persecuciones, detenciones y demandas penales’, reveló el documento.

Concluyó con el llamado a las organizaciones sociales, pueblos indígenas y militancia a mantenerse alertas frente a los intentos de los golpistas de violar los derechos ciudadanos.

Por otra parte, el sociólogo chileno Ernesto Reyes también alertó sobre una posible detención de Luis Arce y la preparación de un golpe en su contra por la mandataria de facto en complicidad con Estados Unidos y la Unión Europea.

Definió a la pandemia del SARS-Cov-2 como el arma privilegiada para las aspiraciones prorroguistas del régimen golpista y sus colaboradores, mientras recordaba la incapacidad gubernamental para contener la crisis sanitaria y los escándalos de corrupción por la compra de respiradores artificiales no aptos para atender a los enfermos.

Asimismo, Reyes resaltó la falta de materiales de bioseguridad y de otros insumos en los hospitales para proteger al personal de la salud.

‘La política represiva del gobierno no ha cambiado un ápice desde el golpe de Estado y es probable que el montaje de los ‘falsos positivos’ siga en ascenso para justificar una nueva ola de violencia’, enfatizó el sociólogo.

Agregó como un cambio positivo la cohesión de las organizaciones para exigir elecciones generales.

La intención del gobierno golpista de perpetuarse en el poder se vio comprometida a partir del momento en que fue definida una nueva fecha para realizar los comicios y, ante la preferencia popular de la fórmula presidencial del MAS Luis Arce-David Choquehuanca, nuevas conspiraciones salen a la luz para inhabilitarla.

El enemigo al que se enfrentan los pueblos indígenas, movimientos sociales y sectores más vulnerables representados por ese partido político es bien conocido, de ahí que la unidad sea la única arma para derrotarlo y devolverle la democracia a Bolivia.

arb/otf/nmr

*Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina.


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