Redacción •  Galicia •  25/02/2022

Reclaman una investigación del INTECMAR para averiguar si como organismo público está siendo utilizado para promocionar la mina de Touro

Cornado Mina Non pide a la Xunta que abra una investigación que determine si el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia está siendo utilizado para favorecer el negocio de la filial de Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining y si está existiendo participación económica directa o indirecta de la mercantil en sus actividades.

Reclaman una investigación del INTECMAR para averiguar si como organismo público está siendo utilizado para promocionar la mina de Touro

La plataforma vecinal recuerda que el INTECMAR es un ente de derecho público adscrito a la Consellería do Mar y creado según el artículo 1.4 de la Ley 3/2001, que tiene la potestad administrativa de aplicación de la normativa sobre calidad de aguas y organismos marinos y que «por definición está obligada a actuar a favor del interés general de la población, no de una multinacional privada como Atalaya Mining y sus accionistas».

Según informan en fechas recientes Cobre San Rafael, como filial de Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining, anunciaba «a bombo y platillo» la inversión de 25.000 euros en una «sonda multiparamétrica» para medir los parámetros de la calidad de las aguas del Ulla que llegan a la ría de Arousa, algo que «entra dentro de las competencias directas» tanto de la entidad pública de Augas de Galicia como del propio INTECMAR en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, que dispone de una serie de estaciones configuradas a través de batisondas multiparamétricas CTD equipadas con sensores que miden diferentes variables (temperatura, salinidad, pH, oxígeno, etc.) y están distribuidas de tal manera que dan cobertura a las principales zonas de producción en Cabío, Cabo de Cruz, Rianxo, Xidoiros, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, O Grove, Meloxo, Aguiño y Canal Central.

Para el colectivo vecinal, en estas circunstancias, llama la atención la reunión mantenida en febrero entre Covadonga Salgado Blanco, directora del INTECMAR y el representante de Cobre San Rafael Constantino Penedo Ferreiro, recordando que el encuentro contó entre otros con la asitencia «del cuanto menos polémico» presidente de Parquistas de Carril OPP89 José Luis Villanueva Vicente cuando en enero, según detallan, la propia Salgado había reclamado una mayor inversión pública en equipamiento, personal e infraestructuras ante un grupo de representantes de la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia.

José Luis Villanueva en un acto público con la presencia de miembros del Gobierno gallego / Xunta

Por otra parte, Cornado Mina Non reflexiona sobre «cual es la legitimidad real de José Luis Villanueva para defender cualquier causa más allá del negocio comercial de Cobre San Rafael», ya que «según recogen los medios de comunicación el Consello Local da Muller denunció al de Parquistas ante las consellerías de Igualdade y Mar en 2018 por acoso, discriminación, machismo y abuso de poder por sus actuaciones sobre las mariscadoras de Carril y recientemente ha sido condenado a 18 meses de prisión por agredir y herir de gravedad a un letrado de Villagarcía de Arousa».

Por estos motivos, las vecinas y vecinos de Touro y O Pino consideran que es fundamental que la Xunta de Galicia aclare si el INTECMAR ha recibido «de manera directa o indirecta» soporte económico de Cobre San Rafael «al tratarse de un organismo público que tiene la obligación de ser independiente y mantenerse al margen de cualquier interés empresarial, más cuando el proyecto de la mina de Touro puede suponer una amenaza sin precedentes no solo para la población de la Comarca de Arzúa, sino para los miles de familias que dependen de la actividad pesquera y marisquera en la ría de Arousa».


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