Por una moratoria al Plan 5G y sus proyectos piloto
- Ecologistas en Acción se ha sumado a más de un centenar de organizaciones vecinales, ambientales, sociales y de personas enfermas y afectadas de todo el territorio español, para lanzar públicamente una ciberacción que pide una moratoria al Plan 5G y sus proyectos piloto.
- Ante el insuficiente nivel de debate político, científico, social, sanitario y económico, la organización ecologista considera prioritario aplicar el principio de precaución con la nueva tecnología 5G y pide que los planes de estímulo europeos pos COVID–19 dejen de introducir la extensión del 5G como condicionante de acceso.
Los planes de estímulo europeos destinados a contribuir a la recuperación económica de los Estados miembros tras la paralización causada por la COVID–19, en particular los 750.000 millones de euros del plan ‘Next Generation EU’, están condicionando su acceso a un proceso de digitalización total de la economía, es decir, a la instalación completa de la red 5G y 6G: “La inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos y la infraestructura de computación en nube, las redes 5G y 6G, los superordenadores y los ordenadores cuánticos, y las tecnologías de cadena de bloques”.
Esta apuesta presupuestaria se une a los miles de millones de euros ya invertidos en el despliegue del 5G y en los nuevos proyectos mineros de ‘materiales críticos’ para sus tecnologías asociadas. Para Ecologistas en Acción esta apuesta se está realizando sin un debate político, científico, social, sanitario y económico serios, por lo que no se está cumpliendo el principio de precaución.
Tan solo con el programa Horizonte 2020, la UE ha inyectado 700 millones de euros al consorcio público-privado para el 5G (5G PPP), mientras que cientos de proyectos de minería terrestre y en fondos marinos han recibido miles de millones de euros extra. Estos proyectos incluyen componentes de ingeniería social destinados a conseguir la aceptabilidad social de la destrucción e impactos sobre la salud y ecosistemas asociados al extractivismo.
Este proceso, en el ámbito de la UE, está suponiendo una desregularización que se hace evidente para el caso del 5G en el Plan de Acción 5G y el reglamento europeo del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (Electronic Communications Code), que evitará los trámites hasta ahora necesarios para las infraestructuras de telefonía. Las nuevas leyes de fomento de iniciativas empresariales o competitividad, además, socavan los procesos de evaluación de impacto ambiental y las posibilidades de un cuestionamiento democrático de la extensión de esta tecnología.
En el Estado español se vive una situación similar. La extensión de la tecnología 5G sigue adelante a un ritmo cada vez más acelerado. El 31 de octubre de 2020 es la fecha escogida como límite para la finalización del proceso por el que se liberarán las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700MHz con el objetivo de que puedan ser utilizadas para desplegar las futuras redes 5G, el proceso conocido como Segundo Dividendo Digital.
La licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 5G, y su subasta entre las compañías de telecomunicación, se produciría durante el primer trimestre de 2021. En paralelo, durante la presentación del informe del Observatorio Nacional 5G, entidad formada por el Gobierno y el Mobile World Capital de Barcelona, se anunciaba que a lo largo del mes de julio previsiblemente se adjudicarían hasta ocho nuevos proyectos piloto de desarrollo de 5G en España. Estos vendrían a sumarse a los dos pilotos ya concedidos en Andalucía y Galicia, liderados por Telefónica y Vodafone.
Según Ecologistas en Acción, este despliegue se está desarrollando al margen del Estado de Derecho. En un informe de 17 páginas del Defensor del Pueblo sobre la tecnología 5G no solo se señala que el Plan Nacional 5G no ha pasado el preceptivo Informe Ambiental Estratégico, sino que se denuncia, además, que no ha sido publicado en el BOE y que no se ha completado su información pública, recomendando la aplicación del principio de precaución.
La Agencia Europea del Medio Ambiente, en su informe ‘Lecciones tardías de advertencias tempranas’, también solicitó la aplicación del principio de precaución ante la extensión de las tecnologías inalámbricas (por ‘peligro emergente’). Reivindicaba así la necesidad de estudios y atención previa a todos los factores de riesgo asociados para evitar situaciones de daño social generalizado que se podrían derivar de una regulación tardía o insuficiente.
Para Ecologistas en Acción, de seguir haciendo del Plan 5G la condición de acceso a los fondos de reconstrucción pos COVID–19, y atendiendo a la casi imposibilidad para cualquier país de renunciar a ellos, lo que se está viviendo es una imposición de facto de la tecnología 5G. Esto se realiza en un momento en el que el debate político, social, científico, económico y sanitario sobre sus efectos sigue siendo insuficiente.
La organización ecologista se suma así a otras voces que reivindican que lo sensato sería aplicar el principio de precaución y dotar a la sociedad civil del tiempo y los medios necesarios para evaluar dichos impactos. A partir de dicha evaluación, se podría decidir democráticamente si esta tecnología se encuentra o no en línea con sus intereses y prioridades.
Por todo ello, Ecologistas en Acción se suma a más de un centenar de organizaciones vecinales, ambientales, sociales y de personas enfermas y afectadas de todo el territorio español, para impulsar una ciberacción en la que solicitan una moratoria inmediata al despliegue de las redes 5G y sus proyectos piloto, apostando por la aplicación del principio de precaución ante esta nueva tecnología.
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