La PAH Madrid solicita a los Grupos Parlamentarios acciones contra las Titulizaciones Hipotecarias

Los bancos no son dueños de las hipotecas pues estas han sido vendidas a los Fondos de Titulización Hipotecaria. Sin embargo, reclaman a las familias en situación de impago con la colaboración judicial en una flagrante ilegalidad de enorme beneficio para las entidades financieras.

Las titulizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y sus clientes, a través de los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios, pero siguen actuando como titulares de los mismos, tanto en su relación con los clientes como en vía judicial.

Titulizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores, pero son las entidades financieras que suscribieron la escritura de préstamo hipotecario las que inician ejecuciones hipotecarias como si fuesen la parte acreedora de la relación contractual, careciendo, sin embargo, de legitimación activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción registral, aunque ésta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. La función de los bancos y cajas ha pasado a ser la de meros administradores de los cobros que origina el préstamo, tal como consta en los folletos de emisión: cobrar cuotas mensuales y transferirlas al fondo de titulización, obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista.

Los jueces a los que llegan denuncias de ejecución hipotecaria  actúan desde el desconocimiento  de que las entidades financieras los están engañando al no declarar que reclaman por delegación y poderes que le faculta la Sociedad Gestora que representa a los inversores bonistas, a los que en su día cedió los préstamos, al empaquetarlos en una emisión con respaldo hipotecario colocada en el mercado financiero. Las entidades financieras, simulan ante los jueces que son los legítimos acreedores y se presentan en los procedimientos ejecutivos hipotecarios sin apoderamiento alguno. En todos los Folletos de emisión redactados por las entidades financieras españolas hacen hincapié, por activa y por pasiva, que no asumen responsabilidad alguna por el buen fin de los préstamos.

Frente a esta estafa generalizada se viene reclamando  la correspondiente implicación de las instituciones políticas: Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, y ahora, al Congreso de Diputados.  Más cuando al día de la fecha son muchas las sentencias que han  abierto una nueva vía de defensa ante los procedimientos de ejecución hipotecaria que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden hacer frente a las cuotas de la hipoteca; pero estas familias, para poder usar esta defensa, necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no, y necesitan que jueces, autoridades y la sociedad en general sepa lo que pasa con todo este asunto, tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y a la emergencia habitacional de hoy.

A los Grupos parlamentarios les solicitamos  requieran, por iniciativa propia o junto a otras formaciones políticas, la discusión y aprobación de las medidas  legislativas o políticas pertinentes  sobre las Titulizaciones de las Hipotecas mediante las cuales se logre:

1.        Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores  funcione cuanto antes como un verdadero registro público, organizando los folletos, escrituras y anexos de activos titulizados, a fin de poder ofrecer a las familias afectadas, de forma clara y accesible, la información y certificación de si su hipoteca ha sido titulizada y en qué fondo.

2.        Que  las entidades financieras publiquen en su web, junto al folleto y la escritura del fondo, la relación de activos que componen dicho fondo de titulización.

3.        Que los Jueces Decanos promuevan la suspensión de los procedimientos de ejecución, hasta que cada entidad financiera remita certificación de si el préstamo  a  ejecutar ha sido titulizado o no.

Las fallidas convocatorias electorales han dado una oportunidad para la mayor implicación de los partidos políticos  en la solución de los problemas reales. Los afectados por la hipoteca somos un colectivo que a la falta de trabajo, a las consecuencias de los recortes en educación, sanidad, dependencia, sumamos una particularidad, nos persiguen los bancos, de forma ilegal, con el fin de sacarnos de nuestras viviendas. De ello pretendemos traten los grupos parlamentarios y los partidos que sustentan. No desistiremos en nuestro intento de que sus propuestas no sean más que un trámite electoral. En ello nos va la vida.