Redacción •  Vivienda •  09/01/2018

La PAH presenta en el Congreso su Ley de Vivienda junto a Unidos Podemos

La Proposición de Ley se registrará este miércoles junto con el Grupo Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea y otros grupos parlamentarios.

Un texto que recopila las propuestas y demandas históricas de los colectivos sociales en materia de vivienda.

10 de enero, 11.00 horas, Escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Intervienen: Irene Montero, Rafa Mayoral, Lucía Martín y Luis Sanmartín.

La PAH presenta en el Congreso su Ley de Vivienda junto a Unidos Podemos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto con el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y otros grupos parlamentarios, registrarán este miércoles, 10 de enero, una Proposición de Ley para instar a todas las fuerzas políticas del país a asumir un compromiso firme con las demandas históricas de los colectivos sociales en materia de vivienda.

En el estado español se han producido más de 500.000 desahucios desde 2009. La situación lejos de mejorar ha empeorado extendiéndose a los desahucios por alquiler. Esta situación enfrenta a nuestro país a una sentencia de la ONU donde se dictamina que en el estado español se vulneran los Derechos Humanos al producirse desahucios sin alternativa habitacional.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lleva desde su nacimiento proponiendo y exigiendo soluciones a esta situación. Estas soluciones han impulsado leyes autonómicas legisladas en Cataluña, Valencia y Murcia (todas ellas recurridas por el Partido Popular bloqueando los avances sociales dentro de las autonomías). Demandas como la dación en pago retroactiva y la responsabilidad limitada del deudor hipotecario, la regulación de los precios del alquiler, el realojamiento de familias en situación de emergencia social en pisos injustificadamente vacíos o garantizar el suministro de agua luz y gas.

Con el debate y tramitación de esta Ley se pretende interpelar a nivel estatal a parlamentos autonómicos, ayuntamientos, colectivos y a la sociedad en general para que en España se garantice el derecho constitucional a la vivienda.


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