Petón do Lobo •  Redacción •  Galicia •  27/02/2018

En Marea denuncia el oscurantismo y la precipitación del Gobierno de Feijóo en la tramitación y autorización del parque eólico Pena Forcada-Catasol II

El Grupo Parlamentario, a través de sus diputados Antón Sánchez, Pancho Casal, Marcos Cal y Juan José Merlo, ha presentado esta semana en Comisión una Proposición No de Ley para su debate público, instando a la Xunta de Galicia a revocar la autorización del polémico proyecto eólico que Gas Natural Fenosa pretende instalar en la localidad coruñesa de Laxe. 

En Marea denuncia el oscurantismo y la precipitación del Gobierno de Feijóo en la tramitación y autorización del parque eólico Pena Forcada-Catasol II

Según denuncian en la exposición de motivos, durante todo el proceso de tramitación la actitud de la Xunta ha sido «absolutamente oscurantista», hasta el punto «de impedir incluso acceder a los informes de impacto de los proyectos, que fueron eliminados del trámite de información pública».

Para En Marea, este modo de comportarse de la Xunta «provoca indefensión a la ciudadanía ante la eliminación de la información pública necesaria y los argumentos de la Consellería que debieran de ser recogidos en las memorias oportunas para poder conocer los supuestos beneficios e incidencias de los proyectos en el ámbito industrial, económico, social, territorial e incluso de empleo».

La formación respalda en este sentido las denuncias formuladas por diversos colectivos de la Costa da Morte, que recientemente emitieron un comunicado público al respecto.

De hecho, consideran que esta tramitación «obvia también la fragmentación en varios expedientes administrativos de lo que en realidad supone un único proyecto industrial en conjunto con el parque eólico de Mouriños», hecho este «sobre el que aún debe de pronunciarse la UE».

Según En Marea, la Xunta utiliza «de forma precipitada» la recién estrenada «Ley de Depredación de Galicia», lo que demuestra, a su juicio, que la norma estaba prevista «para evitar trámites de garantía medioambiental y de transparencia pública a las grandes empresas que pretenden expoliar el país».  

 


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