El Gabinete Económico de CCOO denuncia que las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa»

El Gabinete Económico de CCOO ha hecho público un informe que constata que las horas extraordinarias no remuneradas continúan siendo una de las principales formas de abuso laboral en nuestro país, ya que cada semana 436.000 personas asalariadas realizan 2,54 millones de horas extra que no se pagan ni se compensan con descanso, un dato que podría equivaler a la creación de 68.000 empleos a jornada completa.

En este sentido, el estudio apunta que cerca de la mitad de las personas que realizan horas extraordinarias no reciben ninguna contraprestación por ese tiempo de trabajo, es decir, el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana y, de ellas, el 40% no se pagan ni cotizan, a pesar de la obligación legal de registrar la jornada laboral.

CCOO insiste en que esta práctica supone un perjuicio muy importante para las personas trabajadoras porque las horas extraordinarias que no se abonan suponen un coste de 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que los empresarios dejan de abonar. De media, cada persona afectada trabaja 5,8 horas extraordinarias no remuneradas a la semana, lo que equivale a 7.696 euros al año en salarios y cotizaciones que dejan de percibir.

Por otro lado, el informe analiza los sectores que concentran el mayor volumen de horas extra no pagadas siendo Educación el que tiene el mayor volumen, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos, los mayores porcentajes de personas que realizan horas extras sin remunerar proceden de actividades financieras y de seguros, educación y actividades de edición y producción de contenidos.

CCOO vuelve a insistir en que debe reforzarse el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral para erradicar una práctica que vulnera los derechos de las personas trabajadoras, altera la competencia entre empresas y supone la disminución de los ingresos públicos.