La política minera de la Xunta de Galicia naufraga en el Monte Neme

La Asociación Salvemos Cabana ha criticado esta semana la actuación de la Xunta, que tras haber invertido más de 147.000 euros en el cercado y señalización de las balsas, ha dejado el cierre perimetral incompleto en unos 200 metros a la entrada de las instalaciones y el recinto sin ningún tipo de vigilancia.

Desde el colectivo se recuerda que los gastos derivados de la instalación de la valla «difícilmente» serán cobrados por la Administación gallega tras la disolución judicial de la empresa Leitosa, concesionaria de la explotación, y que además ya en 2014, tras la rotura de una de las balsas y los daños derivados del accidente, el coste superó los 140.000 euros.

A mayores, además, hacen referencia al plan de restauración aprobado por la Xunta a finales de ese año, cuantificado en 794.000 euros, lo que sumado a los conceptos anteriores hace que se supere la cantidad de un millón de euros que tendrá que ser finalmente asumido por la ciudadanía por la falta de control administrativo en el Monte Neme, dado que la Xunta de Galicia no pidió una garantía financiera a la empresa cuando inició las labores en el año 2006.

LA ANTIGUA MINA DE WOLFRAMIO, TAMBIÉN PROBLEMÁTICA 

Desde Salvemos Cabana recuerdan igualmente que tal como vienen alertando desde hace años junto a otras entidades, existe una problemática asociada a la antigua mina de wolframio y estaño, minerales cuya explotación comenzó en hacia 1915, dado que en esta área, situada en las inmediaciones de la cumbre «no existe señalización ni vallado perimetral alguno y el riesgo de accidente es una constante tanto por la altura de los taludes, como por el lamentable estado de las balsas». 

Para la entidad, la actual situación del Monte Neme «deja en evidencia que la falta de control de las administraciones sobre los proyectos industriales puede derivar en situaciones indeseadas a nivel de salud pública para las personas y el medio ambiente». Por esta razón consideran lamentable «que tenga que ser la sociedad civil la que ejerza la tarea de fiscalización que en ocasiones los representantes políticos, por inoperancia o desconocimiento de la función para la que han sido elegidos, no son capaces de llevar a cabo».

Por este motivo -puntualizan-, desde esta perspectiva hablar de términos como «minería responsable» o «minería sostenible», con los numerosos problemas ambientales originados en Galicia por la actividad minera como sucede en el Monte Neme, la mina de cobre de Touro o las pizarreras de Valdeorras, «no deja de ser una falacia y una quimera inalcanzable» que lo único que encierra es la privatización del beneficio «a costa de la socialización de las pérdidas«.