Las reducciones en gasto social previstas por Gobierno del PP hasta 2020 en un contexto de «recuperación económica»

En un contexto en el que el Ministerio de Economía insiste en hablar de «recuperación económica» basándose siempre en datos macroeconómicos y nunca en otros factores, como el número de ciudadanos en riesgo de pobreza, que aumentó el último año otras dos décimas hasta el 22,3% de la población (datos del INE), todas las partidas destinadas al bienestar se reducen hasta 2020. El gasto del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a servicios públicos generales desciende paulatinamente desde el 6,03 de 2017 al 5,65 de 2020. La protección del medio ambiente, en un momento grave para ciertas regiones azotadas por incendios todos los años, se reduce desde el 0,80 de 2017 al 0,75 proyectado para 2020. Vivienda y servicios comunitarios del 0,44 al 0,42 para el mismo período. Sanidad, del 5,95 al 5,57, educación del 3,93 al 3,67 y protección social del 16,58 al 15,91.

A la par, el peso creciente de la deuda pública durante los gobiernos Zapatero y Rajoy supone una losa que lastra cada año los Presupuestos Generales del Estado. Sólo el coste de pagar los intereses de bonos, letras u obligaciones desde 2008 hasta el ejercicio actual equivale ya al 25% del Producto Interior Bruto.

Comunicado Secretariado de la Confederación de STEs-intersindical: «el Gobierno del Partido Popular reduce el gasto previsto en Educación para 2018 a niveles de países subdesarrollados»

Después de varios años de recortes brutales en materia educativa, el gobierno de Mariano Rajoy prevé para el próximo año, una nueva reducción de los recursos dedicados a la Enseñanza en nuestro país. Así lo establece el Plan Presupuestario enviado hace escasas fechas a la Unión Europea, en el que se compromete un descenso tanto en términos absolutos –567 millones de euros menos-, como relativos –bajada de dos décimas del PIB, hasta dejarlo en el 3,8%-.

Si la crisis económica era el pretexto aludido repetidamente para justificar los recortes en los primeros años de ajuste, el “discurso oficial” actual de recuperación económica, evidencia que el Proyecto del partido en el Gobierno no pasa, en ningún caso, por considerar la Educación como prioridad, sino -muy al contrario-, dejarla relegada a algo secundario, comprometiendo con ello, el futuro del país y de sus jóvenes, dentro de un diseño que condena al Estado Español a un papel subsidiario de proporcionar servicios con escasa cualificación.

La plasmación inmediata y concreta de esta nueva reducción presupuestaria supone un mayor número de alumnos/as por clase, menor atención a la diversidad, menos becas,… etc., que se suma a lo que venimos padeciendo desde 2012 con el aumento de la jornada lectiva del profesorado, la pérdida de poder adquisitivo del mismo, la penalización por Incapacidad Temporal, el retraso en cubrir las sustituciones, la pérdida de puestos de trabajo y un largo etcétera que produjo la entrada en vigor de los Reales Decretos 14/2012 y 20/2012, todavía en vigor.

Esta caída del gasto público en un servicio fundamental nos aleja -aún más- de los países europeos y desarrollados. Nuestra inversión en el sistema educativo está muy por debajo de la media de la OCDE (5,2%) y de la UE (5%). El último informe de la OCDE sobre Panorama de la Educación destaca que «una educación de calidad necesita una financiación sostenible”, es decir, lo contrario de lo que lleva a cabo el Gobierno de España.

Ante ello, la Confederación de STEs-intersindical hace un llamamiento a los Gobiernos de las Comunidades Auto nomas que, en las próximas semanas deben presentar sus Presupuestos Generales para 2018, para que prioricen la Educación, como servicio esencial que es, y dediquen los recursos necesarios para revertir la situación a la que nos ha llevado el Gobierno Central.