Ábalos deberá explicar en el Congreso los “verdaderos términos del contrato de la ‘Operación Chamartín’ hasta ahora secretos” y solo conocidos por noticias en prensa

Lunes, 28 de enero 2019.

Izquierda Unida ha conseguido esta tarde en el Congreso que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tenga que comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente a su departamento “para que explique, en relación a la denominada ‘Operación Chamartín’, los verdaderos términos del contrato, secreto, entre la empresa pública ADIF y la promotora privada Distrito Castellana Norte (DCN), formada por el BBVA y la constructora San José”.

La diputada y portavoz hoy de Izquierda Unida en la Diputación Permanente del Congreso, Isabel Salud, ha sido la encargada de defender esta iniciativa. Durante su intervención, trasladó su “preocupación” por el hecho de que “las condiciones recogidas en los diferentes contratos se han ido mejorando para la promotora privada, pues cada vez consigue más suelo público a menor precio y con menor riesgo. Queremos conocer, por tanto, los términos del convenio en vigor desde el año 1993 entre ADIF y la promotora privada para el desarrollo de esta operación.

La parlamentaria de IU explicó que ya rebautizada con el nombre de ‘Operación Nuevo Norte’ “ha registrado una cifra récord de alegaciones, más de 3.500 en el periodo de información pública, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso en contra de esta operación”.

Justificó la necesidad de que Ábalos detalle este grave caso en el Congreso, cuyo contenido real apenas se puede conocer a través de los datos filtrados a los medios de comunicación, en cuestiones como que “el contrato original contemplaba una cesión de suelo a 99 años, de manera que no se perdía la titularidad pública. Después de sucesivos cambios en los contratos, nos encontramos hoy que solo se contempla la venta, es decir, se pierde ese suelo público”.

“El convenio -detalló- comenzó con algo más de 600.000 metros cuadrados de suelo público cedido y nos encontramos actualmente que contempla la venta de más de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público de ADIF a la promotora privada, en unas condiciones tremendamente ventajosas, ya que ese precio de venta es enormemente inferior al del mercado en la zona”.

De esta forma, Salud advirtió de que “esta operación podría suponer una plusvalía inmediata para la promotora privada -la promotora del BBVA Distrito Castellana Norte- cercana a los 1.000 millones de euros si se materializara la venta de los suelos”.

Recordó “por si esto fuera poco” que “también ha variado la asunción de riesgos”. En este ámbito indicó que “en un principio Argentaria, el socio privado entonces, asumía riesgos jurídicos de la operación como, por ejemplo, el coste de reversión de los terrenos, es decir las posibles reclamaciones de antiguos propietarios por el cambio de uso del suelo. Este fue un motivo esencial en la adjudicación del contrato a Argentaria con lo que las modificaciones consecutivas estarían alterando de manera sustancial el contrato inicial.  A día de hoy ese enorme riesgo lo asume la Administración Pública, es decir todos y todas nosotras”.

Isabel Salud resumió que “por todo esto exigimos explicaciones. En diciembre, desde Izquierda Unida ya pedimos la comparecencia del ministro de Fomento y registramos una proposición no de ley que plantea que se estudie ese acuerdo, dado que existen indicios suficientes que alertan de que se está poniendo suelo público en manos de intereses privados sin atender al interés general”.

Indicó que “para nuestro grupo parlamentario es necesario que ADIF renuncie a renovar el actual contrato con la promotora privada, al tiempo que se debe investigar todo lo ocurrido y que los máximos responsables hagan pública toda la documentación relativa al mismo”.

Para terminar, resumió los puntos que para IU son “fundamentales” a la hora de “abordar esta operación urbanística”:

“Retirada del proyecto ‘Madrid Nuevo Norte’ y finalización del acuerdo entre ADIF y la promotora privada porque deja en manos privadas el futuro de nuestra ciudad.

Conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales.

Solucionar el déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno.

Combatir la ‘burbuja inmobiliaria’ construyendo mayoritariamente vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles.

Equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas.

Desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, en línea con las propuestas vecinales.

Trasladar el modelo al resto de la ciudad, abandonando el modelo insostenible de desequilibrio norte-sur promovido por la derecha durante décadas.

Para nuestro grupo, el urbanismo, como herramienta de gestión pública, debe estar sometido al interés general. Este proyecto hace justo lo contrario, ya que representa un ataque directo a las necesidades colectivas y al patrimonio público, mientras se regala un valioso suelo público a las entidades financieras”.