Los presupuestos de 2022 no apuestan por el cambio de modelo necesario para la transformación justa y verde del país

Madrid, 28 de octubre de 2021.- Tras el análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, Greenpeace destaca grandes avances económicos en la apuesta por la recuperación justa y verde, con el aporte de 13.570 millones para inversiones directas en transición ecológica procedentes de los fondos europeos, que se dedican a movilidad, transición energética, industria, vivienda y agricultura.

Sin embargo, la organización reitera que la actual crisis económica, social y ambiental solo se puede abordar desde una transformación radical del sistema económico y social, que los presupuestos para 2022 no afrontan.

Greenpeace alerta de la lenta aprobación de las inversiones para la transición ecológica incluidas en los presupuestos de 2021: a día de hoy se han realizado diversas convocatorias de ayudas y se ha presentado el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del automóvil, pero aún se encuentran en proceso de análisis y no han sido concedidos.

La organización pide también una profunda reflexión sobre el constante aumento del gasto militar. El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2022 se incrementará en un 8%, superando por primera vez el techo de los 10.000 millones de euros. Este modelo basado en el militarismo despilfarra cantidades ingentes en la compra de armamento, en detrimento de la asignación de recursos necesarios para afrontar de forma colectiva los actuales retos derivados de las crisis sanitaria y climática.

Así, Greenpeace destaca que se prevén inversiones reales de Defensa para adquisiciones de armamento y material por valor de 3.647 millones de euros, lo que supone el 37% del gasto total previsto para inversiones por parte del Estado. Este porcentaje es mayor que la suma de las inversiones previstas en los ministerios de Transición Ecológica, de Transporte y Movilidad y de Agricultura y Pesca.

“Quiero recordar que vivimos en una emergencia climática en la que necesitamos menos discursos y más acciones concretas urgentes hacia la tan necesaria transformación radical del sistema económico y social. No todo vale, y esto se debe reflejar en dónde se destina el dinero. Es indispensable acelerar la transición energética hacia un modelo basado en energías 100% renovables, eficiente, inteligente (tecnológica y socialmente), inclusivo y democrático, sin olvidarse de la imprescindible inversión en protección de la biodiversidad, y no malgastar ni un euro en modelos devastadores como el agrícola, el industrial y el energético actuales o el escandaloso gasto militar”, ha declarado Eva Saldaña, directora de Greenpeace España.

Actuaciones ambientales

El total del presupuesto en 2022 para actuaciones ambientales (incluyendo los fondos europeos), que se gestiona principalmente desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, asciende a 3.060,52 millones, un 2,58% más que en 2021 y un 71,6 % con respecto a los PGE aprobados en 2018.

A pesar de este notable aumento de presupuesto, la organización reclama que la protección de la biodiversidad sigue siendo la gran olvidada y son las inversiones hidrológicas las que acaparan casi la mitad del presupuesto, que se destinarán principalmente a mantener la actual demanda de agua y a mejorar la calidad de la misma con inversiones en depuración.

En este sentido, Greenpeace denuncia que, mientras se destinan grandes cantidades de dinero público a la mejora de la calidad y disponibilidad de agua, por otro lado se continúa con un modelo de ganadería industrial (la ganadería es la principal causa de la contaminación del agua por nitratos en la UE) y se sigue invirtiendo el dinero de los fondos de recuperación (303 millones en 2022) en la modernización de regadíos sin establecer objetivos cuantificables de reducción del consumo de agua.

Reto demográfico y agricultura

Greenpeace celebra el aumento de la partida destinada a abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, que cuenta con 55,79 millones de euros (un 66% más que en 2021), de los que se transferirán 20 millones a comunidades autónomas y entidades locales para invertir en servicios y conexión. La organización pide que la lucha contra la despoblación tenga en cuenta la mejora del territorio, la gestión forestal y de las actividades sostenibles que refuerzan los bienes y servicios ambientales.

El capítulo de reto demográfico cuenta también con una partida específica procedente de los fondos de recuperación de 350 millones que transferirá al IDAE para activar las primeras líneas de actuación en materia de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador, climatización renovable, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Agricultura se resiste a abandonar el insostenible modelo actual, como indicaba la organización en su valoración del Plan España Puede. Así, los presupuestos de 2022 pondrán la mayor parte de su esfuerzo inversor, el 60% (303 millones), en la modernización de regadíos, y 101,84 millones en mejorar la competitividad y la calidad del sistema agroalimentario.

La organización considera incomprensible, más aún cuando la Comisión Europea marcó el objetivo de alcanzar un 25% de superficie agrícola en ecológico, que los fondos destinados para la agricultura ecológica en el programa de Competitividad y Calidad Alimentaria hayan descendido un 20% respecto a 2021. Como nota positiva, este mismo programa va a emplear por segundo año una partida para el desperdicio alimentario de 283,45 millones de euros.

Políticas de Industria y Energía

Las políticas de industria y energía son las que reciben más cantidad de dinero de estos fondos, 5.476,95 millones que se destinan a la transición energética justa y al impulso de la industria.

Destaca el gran aumento -de 221 millones de euros en 2021 a 2.594,75 millones de euros para el próximo año- de los fondos destinados a la competitividad y la sostenibilidad de la industria, que, tal y como se pactó en el calendario con la Comisión Europea, vienen acompañados en 2022 de un descenso (de casi un 50% con respecto a 2021) del conjunto de las partidas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dedicadas, entre otras, a la movilidad eléctrica, el desarrollo renovable y las comunidades energéticas.

Greenpeace ve con preocupación que, pese a que en 2021 la transición energética fue la prioridad de gasto en las políticas de industria y energía, a día de hoy aún no se haya concedido ninguna de las inversiones presupuestadas; y destaca el caso concreto de las comunidades energéticas, que pasan de los 60 millones en 2021 a 20 millones para 2022 y cuyas ayudas se encuentran paralizadas y en proceso de análisis.

La transición ecológica no puede dejar a nadie atrás; por eso, la organización tiene una lectura positiva del dinero que se emplea para la lucha contra la pobreza energética, con los 157,07 millones destinados al bono térmico (47,75 millones más que en 2021,) al que se unen los 10 millones que destina el IDAE para colectivos vulnerables.

Pese a la lectura positiva de este proyecto de presupuestos, a la organización le preocupan algunas políticas de gasto para Industria y Energía, concretamente, algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 270 millones de euros dirigidos principalmente a compensar a determinadas industrias por los costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos, que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o al aumento del uso o la contratación directa de energía renovable.

Necesitamos un cambio de modelo real, y para ello tenemos que comenzar por que las empresas no laven su imagen con publicidad y patrocinios engañosos. En este sentido, empieza a haber iniciativas como la presentada por más de 20 asociaciones, entre ellas Greenpeace, para prohibir la publicidad y el patrocinio de las empresas de combustibles fósiles en la UE. Este debate ya se ha abierto en algunos países como Francia y debería llegar también a nuestro país.

Movilidad

Greenpeace destaca también la apuesta de los fondos europeos por el desarrollo de infraestructuras de transporte y a la rehabilitación sostenible y social de edificios, con un total de 6.147 millones de euros (un 19% más que en 2021), de los que casi el 68% se dedicará a movilidad.

La organización celebra que en el Año Europeo del Ferrocarril la mitad de las inversiones estatales en infraestructuras se destinen a este modo de transporte, esencial para reducir las emisiones y atraer demanda del avión y la carretera. Unas inversiones que en este ejercicio estarán menos centradas en construir líneas de alta velocidad y más en la conservación y la mejora de la red convencional, con actuaciones como la electrificación de líneas diésel o la ejecución de los Planes de Cercanías en las ciudades, de imperiosa necesidad tras años de retrasos y cancelaciones.

Sin embargo, la organización reclama que esta apuesta positiva por el tren choca, por un lado, con la intención del Ministerio de Transportes de seguir ampliando la capacidad de autopistas y autovías, y por otro, con las ampliaciones de aeropuertos recogidas en el recién aprobado Plan Director de AENA.

Fiscalidad verde

Una vez más queda aplazada la reforma fiscal verde y justa, a la espera de las conclusiones del Grupo de Expertos formado para este fin. Greenpeace reconoce en el presupuesto de este año un avance en la progresividad de los impuestos y la distribución de la riqueza, con la introducción de la medida fiscal que establece un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades.

El principio de ‘quien contamina paga’ está prácticamente ausente de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado. En 2022: los presupuestos no incluyen ninguna novedad sobre fiscalidad verde y mantienen un sinfín de exenciones para seguir contaminando con combustibles fósiles. El proyecto abandona impuestos propuestos en el proyecto de presupuestos de 2021, como la reducción de la bonificación del impuesto del diésel y el impuesto sobre la eliminación de residuos (a la espera de que se apruebe la Ley de Residuos), y, además, desaparece el canon hidráulico (que en 2021 estimaba una recaudación de 200 millones) tras ser tumbado por el Tribunal Supremo en beneficio de las compañías eléctricas.

La organización señala que los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan el 5,2% de los ingresos del Estado, y demanda al Gobierno que siga asumiendo su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad verde y justa, medidas para redistribuir la riqueza y, sobre todo, medidas directas de compensación.

“El proyecto de presupuestos aún tiene un gran camino que recorrer para abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles Es necesario comenzar a cambiar las reglas del juego, prohibir la publicidad y el patrocinio de estas empresas, abandonar el gas y ofrecer a la población opciones de energía ciudadana. Hay que seguir invirtiendo para impedir la pobreza energética y hacer partícipe a la sociedad de los beneficios de un cambio de modelo. La reforma fiscal verde y justa es imprescindible para que el necesario cambio no deje a nadie atrás”, ha declarado Alicia Cantero, coordinadora del análisis de Greenpeace.

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