Archivan la acusación de organización criminal del Caso Spora a la mitad de las activistas por un fallo procesal
Madrid, 1 de junio. El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha acordado el archivo de la causa de pertenencia a «organización criminal» a 14 de las 24 activistas investigadas. Este procedimiento, resultado de la operación policial conocida como «Caso Spora», se inició el 20 de marzo de 2024 contra activistas por el clima acusados de conformar una organización criminal debido a su participación en diferentes protestas contra el impacto de la ganadería en el medioambiente. Entre ellas, llevaron a cabo cortes de tráfico, protestas en museos, rociaron pintura en fachadas de diferentes instituciones y empresas o la interrupción de eventos deportivos como la copa Davis o la velada del influencer Ibai Llanos.
La causa del archivo ha sido el incumplimiento del plazo de instrucción de un año. Las personas a las que la jueza tomó declaración antes de la expiración de dicho plazo siguen imputadas en el procedimiento. Tres de estas personas forman parte del grupo de apoyo mutuo Absolución Caso Spora y sus abogados han solicitado que se archiven las actuaciones respecto de ellas por no existir indicios de que existiera una organización estable, con división de funciones y con finalidad de delinquir. En caso de que no se archive la causa y se abra juicio oral, se podrían enfrentar a una posible condena de varios años de prisión por su activismo pacífico.
Desde el grupo denuncian que «este archivo parcial por un fallo procesal evidencia el pésimo estado de la justicia española. Primero, por comenzar un caso que no se sostenía y pretender calificar protestas como actos criminales. Segundo, por el error de no respetar los plazos de instrucción, hecho que se ha repetido en causas anteriores en diferentes juzgados, como el ejemplo del caso de Tsunami Democrátic donde se acusaba de terrorismo a participantes en protestas contra la sentencia del Procés, la investigación de una marcha nazi en Chueca con consignas homófobas o la investigación a un alto cargo del ayuntamiento de Madrid por una adjudicación de dinero a OKdiario».
Este no es el único caso de represión contra el activismo climático que se ha llevado a los juzgados este año. El pasado 26 de mayo fueron juzgadas las activistas que, al igual que un centenar de científicos en 2022, rociaron pintura sobre los leones del congreso en marzo de 2023. El fiscal pide a las activistas 21 meses de prisión. En la misma semana, tres activistas activistas acudieron igualmente a los juzgados por una protesta pacífica en 2019 en la que se bloqueó el tráfico en el puente de Nuevos Ministerios. Por esta convocatoria internacional, que tuvo lugar en Londres, Dublín, Nueva York y Melbourne, la fiscalía pide a las tres activistas 10 meses de cárcel.
Otros casos, como la sonada acción de noviembre de 2022, en la que dos activistas se pegaron a los marcos de los cuadros Las Majas de Francisco de Goya en el Museo del Prado, o la del bloqueo del tráfico durante la presidencia europea en Granada, llegan próximamente a los juzgados. En el caso de la protesta en El Prado tendrá lugar este mismo miércoles 3 de junio en la sala de vistas nº 6 del Juzgado de lo Penal. Por la protesta pacífica que no causó daños a las obras – y cuyos marcos el museo decidió no restaurar – piden hasta 5010 euros a las activistas. Una multa de 1080 euros a cada una y 2850 euros en concepto de indemnización. En el juicio estará presente la organización Amnistía Internacional como “observador ante posibles vulneraciones de derechos”.
Michael Forst, relator especial de la ONU sobre los defensores del medio ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, en un documento de 2024 se refería así a estos casos y los de otros activistas en Europa: «La represión a la que se enfrentan actualmente en Europa los activistas medioambientales que recurren a la desobediencia civil pacífica constituye una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos. La emergencia medioambiental a la que nos enfrentamos colectivamente, y que los científicos llevan décadas documentando, no puede abordarse si quienes dan la voz de alarma y exigen que se actúe son criminalizados por ello».
Absolución Caso Spora es una campaña impulsada por más de 15 activistas por la justicia climática y eco-social que está sufriendo una desmesurada represión por parte del Estado español al ser incluidas en el «caso Spora». Exigen al poder judicial la absolución de los cargos de pertenencia a organización criminal y piden a la sociedad que no permita el retroceso en los derechos humanos conseguidos.
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