Piden que se incluya el delito de prevaricación ambiental en el “caso Aznalcóllar”

La organización Ecologistas en Acción ha presentado un recursos de apelación al Juzgado Nº 3 de Sevilla para que se incluya el delito de prevaricación ambiental en el proceso por el llamado Caso Aznalcóllar, la investigación de irregularidades en el concurso minero de 2014-2015, por el que se concedieron los derechos de explotación de la Zona Aznalcóllar a Minosbis-Grupo México. Los derechos de explotación concedidos a Minorbis habrían acabado irregularmente en manos de la empresa Minera Los Frailes, que busca reabrir la explotación minera.

Según la organización ecologista, tanto la Mesa de Contratación como la Comisión Técnica ignoraron el contenido de las bases del concurso en relación a la protección del Corredor Ecológico del Guadiamar. Como medida de precaución frente a una posible reedición de la catástrofe ambiental anunciada del 25 de abril de 1998, producida entonces por la rotura de las presas de las balsas de lodos tóxicos de la mina, en las bases del concurso minero iniciado en 2014 se establecieron dos condiciones fundamentales que tenían que cumplir cualquier anteproyecto de explotación presentado al concurso. Entre estas, se establecía que el diseño del complejo no podría incluir la construcción de depositos de lodos susceptibles de generar un vertido tóxico.

Además, establecía de forma expresa que las labores mineras no afectarían a los espacios naturales protegidos, en particular al Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar ni producirían un menoscabo de la cuenca de este río.

Sin embargo, según apuntan desde Ecologistas en Acción, la propuesta finalmente adjudicada a Minorbis-Grupo México planteaba desde el principio un vertido contaminante y permanente al Guadiamar, concretamente un vertido inicial de vaciado de 13,6 millones de m3 de aguas ácidas contaminadas que actualmente se acumulan en el hueco minero de Los Frailes, desde su abandono en 1999, y además un vertido contaminante continuo al arroyo del Agrio, tributario del Guadiamar, durante toda la vida de la nueva explotación.

«El medio ambiente, una vez más, resulta ser el gran olvidado del proceso judicial que se sigue desde hace casi 6 años en el Juzgado de instrucción nº3 de Sevilla», apunta la organización ecologista. «Mucho se ha tratado en la instrucción judicial de posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos, fraude y negociación ilegal, pero muy poco se ha investigado en relación con la burda aplicación que los miembros de la Mesa del Concurso y de la Comisión Técnica hicieron de esas bases del concurso, en relación a la protección del medio ambiente», denuncian.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Provincial mediante un recurso de apelación que incluya el posible delito de prevaricación ambiental para todos esos miembros. «A nuestro entender, a sabiendas de su injusticia, adjudicaron o participaron en la adjudicación de unos derechos mineros en contra de lo que expresamente prohibían las bases del concurso minero», afirman.

«Parece que todas esas personas olvidaron que se trataba de un concurso minero para adjudicar la posibilidad de reapertura de la mina que causó el mayor desastre ambiental de la minería en España, provocado el 25 de abril de 1998 cuando reventaron las presas de la balsa minera de Aznalcóllar y se produjo un vertido de más 6 millones de m3 de lodos tóxicos que a punto estuvo de dañar irreversiblemente al Parque Nacional de Doñana», advierten rememorando la peor catástrofe ambiental que recuerda la provincia. «Y esa catástrofe ambiental fue una catástrofe anunciada, que las administraciones públicas no quisieron evitar, a pesar de disponer de todas las evidencias e informes que acreditaban que esas presas no iban a soportar los recrecimientos que se estaban realizando, y se habían autorizado», señalan.