La familia del activista saharaui Dahha El Houssaini recurre el «precipitado» archivo judicial de su muerte en una patera

La familia de Dahha Mohamed Fadel (El Houssaini), ciudadano saharaui de 35 años, ha interpuesto un recurso de reforma contra la controvertida decisión de un magistrado-juez de archivar la investigación penal sobre su presunto homicidio en alta mar.

El Houssaini pertenecía a una conocida familia saharaui, significada por su compromiso histórico en la causa de su pueblo; era nieto del destacado activista Dida El Yazid y primo del fallecido diplomático del Frente Polisario, M’hamad Khaddad. El joven desapareció bajo circunstancias de extrema sospecha criminal durante una travesía marítima clandestina hacia el archipiélago canario.

A través de su representación letrada, ejercida por el abogado José Luis González Sánchez, la familia ha comparecido ante la Plaza Nº 4 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) de Las Palmas de Gran Canaria. El recurso de reforma solicita dejar sin efecto el Auto de sobreseimiento provisional decretado el 19 de mayo de 2026, el cual clausuró las actuaciones en el mismo acto procesal de su apertura, sin haber desplegado la más mínima actividad instructora real.

Una travesía trágica y sospechas de violencia a bordo De acuerdo con las actuaciones, El Houssaini zarpó el pasado 7 de mayo desde el litoral de Boujdour junto a otras 65 personas a bordo de una patera. Sin embargo, cuando la embarcación arribó a las costas grancanarias, concretamente en la zona de San Bartolomé de Tirajana, las autoridades constataron que solo 65 ocupantes habían sobrevivido. El Houssaini era el único desaparecido.

La denuncia penal de urgencia interpuesta por el hermano de la víctima sostiene que Dahha sufrió una agresión física por parte de varios ocupantes tras una reyerta surgida a bordo, siendo posteriormente arrojado a las aguas del océano Atlántico. La acusación se fundamenta en pruebas digitales, incluyendo mensajes de texto, audios de voz y testimonios iniciales de los supervivientes, afirmando que los hechos revisten caracteres de un presunto delito de homicidio o asesinato, o subsidiariamente, de una omisión del deber de socorro.

Contradicción judicial y pesquisas policiales silenciadas El recurso de la familia fundamenta una flagrante contradicción interna en la resolución del tribunal. Si bien el magistrado reconoce expresamente en el Auto que de la denuncia se deduce la posible comisión de una infracción penal, decreta simultáneamente el archivo automático alegando el desconocimiento de la identidad de los autores, todo ello sin tomar declaración al denunciante, sin oír a los 65 testigos directos y sin recabar el atestado policial.

El abogado González Sánchez ha calificado el archivo de «prematuro, mecánico e insostenible jurídicamente», argumentando que el juzgado disponía de vías inmediatas y eficaces para la identificación de los presuntos responsables.

De hecho, el recurso desvela un dato crucial: el Grupo 2 de la Unidad de Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Las Palmas ya dirigía una investigación criminal activa. Los agentes policiales habían interrogado a los tripulantes y procedido a la detención del patrón de la patera —para quien el juzgado competente ya decretó la medida cautelar de prisión provisional— así como de otro sospechoso posteriormente puesto en libertad. Para la defensa, estas diligencias policiales desmontan por completo la premisa del Auto judicial de que los autores eran «anónimos» o «indeterminados».

Garantía del derecho a la tutela judicial efectiva La defensa ha interesado que el juzgado reactive la instrucción judicial, tome declaración testifical a los 65 supervivientes localizados en los recursos de acogida, interrogue al patrón en prisión y ordene la inmediata incorporación de las actuaciones de la UCRIF. Asimismo, insta al aseguramiento pericial de los dispositivos móviles y los audios aportados, advirtiendo que el mantenimiento del archivo comporta un riesgo evidente de dispersión o pérdida definitiva de los testigos debido a su contexto migratorio.

La familia concluye que la clausura de una causa por presunta muerte violenta sin una mínima investigación vulnera frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española. Tanto la jurisprudencia española como los estándares internacionales de derechos humanos imponen a los órganos judiciales el deber absoluto e inderogable de agotar una investigación real, eficaz y proporcional antes de dictar cualquier resolución de sobreseimiento.