Redacción •  Actualidad •  26/11/2018

Arranca la Comisión de Desprivatización Sanitaria entre Unidos Podemos y el Gobierno

La puesta en marcha de la Mesa de Desprivatización Sanitaria fue uno de los compromisos que Unidos Podemos arrancó al Gobierno en el Acuerdo de Presupuestos Generales 2019, para blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras, revertir recortes y recuperar derechos.

Arranca la Comisión de Desprivatización Sanitaria entre Unidos Podemos y el Gobierno

Unidos Podemos y el Gobierno han puesto en marcha hoy, 26 de noviembre, la comisión de desprivatización, integrada por la representantes del grupo parlamentario, Amparo Botejara, portavoz de Sanidad en el Congreso, y Faustino Blanco, Secretario General de Sanidad del Ministerio; así como expertos y expertas sanitarios designados para esta mesa, tanto por Gobierno como por Unidos Podemos.

Esta comisión estudiará en los próximos meses la situación de progresiva privatización que ha sufrido la sanidad pública en España durante los últimos años, con el objetivo de definir líneas y estrategias que puedan revertir la situación.

«La ley 15/1997 impulsada por el Partido Popular permitió abrir la puerta a la privatización de los centros sanitarios. Desde entonces se han externalizado los servicios y la gestión de multitud de hospitales, implantando la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública, en la que por contra se han realizado unos recortes brutales», explica la portavoz de Sanidad de Unidos Podemos, Amparo Botejara.

Blindar nuestro sistema público

El compromiso de constituir una mesa que estudie la situación de privatización sanitaria que vive nuestro país fue un compromiso que Unidos Podemos logró arrancarle al Gobierno el pasado 11 de octubre, en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019.

«La excusa de la crisis económica ha sido utilizada en los últimos años por el Partido Popular para justificar los recortes y debilitar la sanidad pública, pero ahora sabemos que el verdadero motivo era propiciar la progresiva privatización del sistema para su propio beneficio, y en detrimento de los derechos de la ciudadanía», sentencia Botejara.


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