La Junta de Castilla y León contraviene la directiva europea autorizando la caza de 339 lobos

La Junta de Castilla y León, a través de resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, ha autorizado la caza de 339 ejemplares de lobo en las provincias de Palencia, Burgos, Zamora y León. La Junta dicta esta resolución a pesar de que conoce que el TC admitió a trámite recientemente un recurso, interpuesto por el Defensor del Pueblo a petición de PACMA, que pone en duda la constitucionalidad de la ley cinegética de la comunidad autónoma.

Según la resolución de la Junta, esta considera que la caza recién autorizada del lobo en dichas regiones se justifica por la alta densidad de población en las comarcas loberas seleccionadas, así como por la búsqueda de una «reducción de la conflictividad» que provoca la presencia del lobo.

Al margen de que la resolución de la Junta de Castilla y León no aporta ningún dato o prueba que demuestre ese aumento de la «conflictividad» en las comarcas loberas, esta decisión contraviene la Directiva Europea Hábitats e ignora la advertencia remitida en febrero por parte de la UE a España sobre la protección de los lobos en la Península.

La Directiva Europea Hábitats cataloga al lobo como especie de especial protección europea y, en el caso de la Península Ibérica, distingue aquellos que se localizan al norte o al sur del río Duero. Si bien los cazadores siempre defienden que esta directiva les permite la caza al norte del Duero, la directiva, literalmente, indica que las poblaciones al norte del Duero son las únicas susceptibles de «gestión». Y es evidente que existen muchos otros medios de gestión poblacional antes que la muerte, que es lo que supone la caza. PACMA y otros actores implicados en la defensa y protección del lobo, así como de los demás animales, siempre han reclamado que dicha gestión se realice empleando medios no letales.

En este caso, podemos entender que la medida aprobada por la Junta de Castilla y León, apenas a un mes de las próximas elecciones generales, supone un guiño hacia los intereses del lobby cinegético, que son los únicos que sacarán beneficio de esta medida. Más allá de ellos, la distribución de las autorizaciones de caza de lobo se han concentrado en comarcas como Mampodre, La Culebra o Riaño, donde son muy escasas las reclamaciones por daños relacionadas con el lobos y que, sin embargo, son regiones que están viendo incrementada su economía por el turismo de observación y naturaleza.