El Sindicato Independiente Progresista (SIP) denuncia la existencia de empleados públicos de primera y de segunda en la Junta de Extremadura

El sindicato critica que la Junta y los sindicatos mayoritarios negocien una homologación salarial para los docentes mientras siguen sin abordar la equiparación retributiva del personal de Administración General

La negociación de una futura subida salarial para el profesorado extremeño ha reabierto el debate sobre las diferencias retributivas dentro de la propia Junta de Extremadura. El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha denunciado públicamente que existen “empleados públicos de primera y de segunda”, al considerar que la Administración autonómica mantiene desde hace décadas una situación de agravio para miles de trabajadores de la Administración General.

Según ha trasladado el sindicato en un comunicado difundido a través del Portal del Empleado de la Junta, el Gobierno extremeño y diversas organizaciones sindicales estarían preparando reuniones para alcanzar en septiembre un acuerdo de homologación salarial del personal docente con respecto a otras comunidades autónomas. Entre las organizaciones participantes figuran los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación, CSIF, UGT y CCOO, además de las organizaciones sectoriales de Educación.

El SIP sostiene que esta negociación pone de manifiesto una situación de desigualdad que afecta al personal de Administración General. La organización denuncia que, mientras se avanza en acuerdos para determinados colectivos, ni siquiera se ha iniciado una negociación específica para abordar la equiparación salarial de los empleados de Administración General, un colectivo que reclama mejoras retributivas desde hace años.

Una reivindicación que viene de lejos

La denuncia no es nueva. Desde 2022 han surgido diversas plataformas de trabajadores públicos extremeños, entre ellas PEAGEX (Plataforma de Empleados de la Administración General de la Junta de Extremadura), a las que posteriormente se han sumado colectivos como EQUIPAGEX y más recientemente CTSAGEX, integrados por empleados que reclaman una revisión de las condiciones salariales y profesionales de distintos cuerpos de la Administración autonómica.

Estas organizaciones sostienen que los salarios de numerosos empleados públicos extremeños se encuentran por debajo de los percibidos por trabajadores de categorías equivalentes en otras comunidades autónomas e incluso por debajo de los existentes en algunas diputaciones y ayuntamientos de la región. El SIP afirma además que parte de estos trabajadores han sufrido una pérdida acumulada de poder adquisitivo durante las últimas dos décadas.

Presión política y negociación pendiente

El sindicato ha intensificado en las últimas semanas su actividad para trasladar estas reivindicaciones al ámbito político. Entre las iniciativas emprendidas figura una ronda de contactos con grupos parlamentarios para reclamar que la equiparación salarial de la Administración General forme parte de las futuras negociaciones presupuestarias y de función pública.

Desde el SIP defienden una “propuesta integral de mejora salarial” para los empleados de Administración General y advierten de que cualquier avance en las condiciones retributivas de otros colectivos públicos debe ir acompañado de medidas que eviten nuevas diferencias dentro de la propia Administración autonómica.

El debate sobre la equiparación salarial se ha convertido así en uno de los principales focos de conflicto laboral dentro de la Junta de Extremadura. Mientras avanzan las conversaciones para mejorar las condiciones del profesorado y de otros sectores de la administración regional, los trabajadores de Administración General reclaman que sus demandas dejen de quedar relegadas y que se ponga fin a una situación que consideran de discriminación retributiva y de desigualdad entre empleados públicos.