Redacción •  Actualidad •  25/01/2021

Enrique Santiago advierte que “no es legal” que la “huida” de Juan Carlos de Borbón “la sufrague Patrimonio Nacional” e incide en que Unidas Podemos busca que el Gobierno retire el ‘emérito’

El portavoz adjunto de Unidas Podemos destaca durante la Diputación Permanente del Congreso que “la Constitución no dice nada de ninguna figura de ‘emérito’ y, desde luego, si se concede un título honorífico por un gobierno también un gobierno puede quitarlo”, por lo que su grupo defiende la retirada.

Enrique Santiago advierte que “no es legal” que la “huida” de Juan Carlos de Borbón “la sufrague Patrimonio Nacional” e incide en que Unidas Podemos busca que el Gobierno retire el ‘emérito’

Lunes, 25 de enero 2021.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera que el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, “no puede legalmente ser sufragado en su huida por Patrimonio Nacional, eso no es legal”, al tiempo que ha advertido que “la figura jurídica de ‘rey emérito’ no existe constitucionalmente, por mucho que se repita y se quiera insistir en ello”, por lo que ha reiterado la opinión de su grupo parlamentario de que se le retire.

Santiago ha intervenido a primera hora de esta tarde en el punto de la Diputación Permanente en el que varios grupos solicitaban la comparecencia urgente en la Cámara de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para textualmente ‘dar cuenta de la implicación, gastos y actuaciones de Patrimonio Nacional en relación a la estancia del Rey emérito en los Emiratos Árabes Unidos’.

“La Constitución no dice nada de ninguna figura de ‘emérito’ -reiteró- y, desde luego, si se concede un título honorífico por un gobierno también un gobierno puede quitarlo”, hecho por el cual el grupo de Unidas Podemos defiende su retirada.

El también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso señaló a su vez que su grupo “ha manifestado hasta la saciedad la improcedencia de que Juan Carlos de Borbón haya abandonado España coincidiendo con el inicio de investigaciones de la Fiscalía sobre sus presuntos delitos económicos”.

Incidió en que “también hemos manifestado nuestro estupor porque se haya ido a un país con serias carencias democráticas” y que, por cierto, “no tiene tratado de extradición con la Confederación Suiza, el único país del mundo donde se puede decir que hay un procedimiento judicial de investigación sobre los delitos que se le imputan”.

Santiago recordó que la investigación del Ministerio Fiscal que existe en nuestro país, “mientras que no se lleve a los tribunales y se quede en la Fiscalía no es una investigación con valor judicial”. Recordó que “hubo una investigación judicial sobre los delitos económicos en la Audiencia Nacional donde parecía que se investigaría a Juan Carlos de Borbón, pero finalmente se archivó en 2018, declarando que no había indicio ninguno que apuntara a la responsabilidad del ex jefe del Estado”.

El diputado destacó llegados a este punto que en el Tribunal Supremo existe una querella -presentada por IU y el PCE ejerciendo la acusación popular- por los presuntos delitos económicos del emérito, “querella que fue inicialmente inadmitida a trámite pero que ahora está pendiente de un nuevo pronunciamiento sobre su admisión”.

“Esperamos que se admita -dijo- y que se ponga de manifiesto que en una democracia mayor de edad como la española no hay nadie que pueda estar por encima de la ley, sobre todo cuando se le investiga por algo que nada tiene que ver con las responsabilidades constitucionales de un jefe de Estado”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos razonó los dos motivos por los que este grupo no iba a apoyar esta solicitud de comparecencia: “primero, porque se está solicitando en enero, es decir, esta semana, cuando la semana próxima se inicia el periodo legislativo ordinario y la vicepresidenta, como siempre acostumbra, contestará a todas las interpelaciones y mociones que quiera hacerle cualquier grupo”.

“Segundo, y para nosotros con más peso, porque formamos parte de este Gobierno, somos una espacio político serio que honramos nuestros compromisos y evidentemente, nuestro acuerdo de gobierno descarta la posibilidad de llamar a comparecencia a miembros del Gobierno sin su acuerdo previo”, detalló.

Apostilló esta idea indicando que pasa igual, por ejemplo, cuando ERC -uno de los proponentes- “imagino que no llama a comparecer ante el Parlament de Cataluña a consejeros del partido que es su socio de Gobierno sin tener el previo acuerdo de esa fuerza política”.

Enrique Santiago explicó de forma pormenorizada que “conforme a nuestras leyes, Patrimonio Nacional no puede sufragar los gastos del emérito en los Emiratos Árabes”, ya que “los bienes y activos del Patrimonio Nacional están afectos por ley a su uso para el ejercicio, dice literalmente la norma, ‘de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen al rey y a la familia real’. Y no hay duda de que el emérito en los Emiratos Árabes no está realizando ninguna alta representación que corresponda al Estado, no encaja en las funciones de ‘alta representación’”.

Razonó que, por eso, “hemos propuesto varias veces una comisión de investigación sobre las presuntas actividades económicas de Juan Carlos de Borbón incompatibles con sus funciones como jefe de Estado. Desde luego, el uso del patrimonio nacional de forma fraudulenta es otra causa más que motiva y justifica que se abra esa comisión de investigación, por lo que volveremos a proponerlo”.

Insistió en que la figura jurídica de ‘rey emérito’ “no existe” y que “lo único que existe es un título singular honorífico concedido, por cierto, por el señor Rajoy en 2014. La Constitución no dice nada de ninguna figura del emérito”.

Valoró que el comportamiento de Juan Carlos de Borbón “lo descalifica a diario”, cuando su figura “debería tener un especial imperativo de ejemplaridad, máxime si ha sido concedida en una democracia constitucional”.

“En conclusión -concluyó-, Juan Carlos de Borbón no puede legalmente ser sufragado en su huida por el Patrimonio Nacional, eso no es legal. Que lo sufrague por sus propios recursos personales, que parece ser que son abundantes. En todo caso, ningún país merece el bochorno de contemplar la sustracción a la justicia de un ex jefe Estado que, además, ostenta honores públicos otorgados en este caso por el Gobierno del Partido Popular”.


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