«El Estado español invierte cuatro veces más en destruir la naturaleza que en cuidarla»

Ecologistas en Acción, en colaboración con Economistas sin Fronteras, hace público un informe en el que identifica los incentivos perjudiciales para la biodiversidad en el Estado español dentro del sector primario, como parte de su campaña Sin Biodiversidad No hay Vida. La investigación, que ha durado un año y es la primera en este campo realizada para nuestro país, ha indagado en los datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas. Analiza las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal y su impacto en los ecosistemas y la extinción de especies.

El informe concluye que las administraciones públicas concedieron 8.000 millones de euros en el 2024 a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La cifra total es aún más alta, ya que estos números no incluyen otros sectores de gran impacto ambiental como el transporte y la energía. El presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza, sumando Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos, es de 2.000 millones de euros, cuatro veces inferior. Los datos evidencian una incoherencia fiscal. La brecha financiera nacional para cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica es de 3.500 millones de euros. Reformar, reconducir o eliminar estas subvenciones resolvería este déficit.

Los gobiernos han incumplido su objetivo de repensar estos incentivos para transformar el 50 % de las subvenciones perjudiciales en el año 2025, tal y como establece el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030. Abordar esta cuestión es una obligación incluida en la META 18 del Marco Mundial Kunming-Montreal. El Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural –suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro.

El informe revela que el 85% de las subvenciones más problemáticas son ayudas directas, la mayoría proveniente de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (FEMPA), aunque también se han señalado fondos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal. El análisis también incluye exenciones fiscales, poniendo en la diana aquellas que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.

Ecologistas en Acción señala que las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario. Sin embargo, el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies, en lugar de mejorar la situación de productores y productoras con niveles más bajos de renta, que a su vez son quienes más riqueza dejan en las comunidades. Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una oportunidad para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad y la economía rural y costera más vulnerable.