Redacción •  Actualidad •  23/01/2019

Unidos Podemos ha exigido un plan de empleo garantizado previo al cierre de cualquier puesto en las comarcas mineras ante el RD de transición energética

-        IU ha pedido siempre, antes de cualquier cierre en las industrias de las comarcas mineras, la puesta en marcha de un plan efectivo de empleo garantizado que asegure el futuro en las comarcas mineras.

-        Eso solo es posible de forma real con la nacionalización del sector energético y un plan público de reactivación de estas comarcas, pues en manos privadas como hasta ahora, esto no se va a realizar, ya que primará la rentabilidad económica cortoplacista y no tendrá en cuenta la rentabilidad social y económica a corto, medio y largo plazo.

Unidos Podemos ha exigido un plan de empleo garantizado previo al cierre de cualquier puesto en las comarcas mineras ante el RD de transición energética

El Real Decreto sobre Transición energética aprobado ayer es, como ha denunciado reiteradamente nuestra diputada por Unidos Podemos, Ana Marcello, un cierre en falso del sector de la minería, un punto y final, donde no se garantiza un futuro para las comarcas mineras ni sus gentes.

La cifra económica que se destina a la reconversión de todas las comarcas mineras del Estado no es suficiente: 50 millones de euros a invertir cada año, durante 5 años. Además, el RD aprobado no incluye a los trabajadores de las subcontratas de la minería, dejándoles fuera del pacto social, que ha sido una exigencia de este Grupo parlamentario Unidos Podemos y de IU Provincial.

Izquierda Unida se pregunta dónde quedó la necesidad reconocida por todos los partidos políticos de crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona de nuestro Estado, en un entorno de fuerte dependencia exterior. Solo siendo público el sector energético, conforme al artículo 128 de la Constitución, se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional, garantizando la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón y no de la minería a cielo abierto.

Pero lo que es urgente e imprescindible es establecer en las comarcas mineras inversión pública y empresas públicas que creen empleo previo a cualquier cierre del sector. La propia Comisión Europea obliga a instrumentalizar políticas para la creación de empleos alternativos previos en las comarcas mineras.

Por eso desde Izquierda Unida de León exigimos un plan de empleos garantizados antes de que desaparezca ninguno más, y que corrija la pérdida de miles de empleos que se ha producido en estas zonas porque las experiencias de reindustrialización de las comarcas mineras, como alternativa al monocultivo del carbón, que durante los últimos veinte años han vendido tanto el PP como el PSOE en las zonas mineras de nada han servido, pues no se han traducido en alternativas de empleo estable y consolidado. Aunque durante años supuestamente han estado invirtiendo en esta reindustrialización en la provincia de León, no se han dado alternativas reales en todos estos años de planes Miner y planes de reindustrialización. No hay más que acercarse a las zonas mineras y comprobar cómo están despoblándose, tanto en Laciana como en el Bierzo, en Ciñera, en Fabero y en que arrastra a toda la provincia, ante la falta de alternativas reales de empleo y de futuro.

De ahí que IU exija este plan de “empleo público garantizado”, que permita revertir la situación de despoblación de estas zonas a niveles anteriores a la crisis del carbón, potenciando con medidas concretas las industrias sostenibles que crean valor añadido y aprovechando los recursos locales. Incluyendo, además, una auditoria de los fondos Mineros y de todos los acuerdos firmados. Y la puesta en marcha de Ciclos de Formación Profesional para la formación de las personas jóvenes y no tan jóvenes en otros sectores laborales de futuro que den trabajo y actividad económica a estas zonas y que les permitan hacer proyectos de vida en la zona y no se vean obligados a emigrar, así como la prohibición por ley de la importación de carbón y, hasta entonces, la imposición inmediata de una ecotasa al carbón no autóctono.


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