Redacción •  Actualidad •  22/02/2017

EQUO se suma a la petición de IU para la eliminación de conducciones de agua con amianto en Andalucía

La diputada de EQUO en el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Molina, propone además que se promueva por parte del Consejo de Gobierno la instalación de plantas para inertizar y donde llevar los residuos de amianto.
Cabe recordar que Molina fue la primera en abordar el tema de la retirada del amianto de los colegios en esta misma comisión.

EQUO se suma a la petición de IU para la eliminación de conducciones de agua con amianto en Andalucía

EQUO Andalucía se ha sumado este martes a la petición llevada a cabo por Izquierda Unida en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para la eliminación de conducciones de agua de fibrocemento –esto es, amianto- en Andalucía, donde buena parte de las redes de abastecimiento contienen este material, probado agente cancerígeno.

Ante ello, la PNL debatida hoy en Comisión insta a realizar una auditoría de la cantidad y las condiciones de las conducciones de agua potable andaluzas, y elaborar un plan de eliminación de aquellas realizadas con fibrocemento; plan que establezca un horizonte temporal a partir del cual debe estar totalmente prohibida la existencia de este tipo de redes.

“No podemos estar más de acuerdo con la propuesta”, ha señalado la diputada de EQUO, que además ha propuesto la inclusión de una enmienda para incorporar un punto “donde se inste a que se tenga en consideración por el Consejo de Gobierno promover y facilitar la instalación de plantas para inertizar y donde llevar los residuos de amianto, quitándolos de los vertederos donde suelen acabar” de manera poco adecuada, al resultar en muchas ocasiones tratados por personas no expertas y que, por tanto, no atienden a las normas de seguridad que deben seguirse en estos casos.

De hecho, en este sentido Molina ha propuesto la adición de otro punto “a la vista de la escasa información de la que disponen empresas y trabajadores en relación con el amianto”, al objeto de que se creen y desarrollen servicios que faciliten el asesoramiento y la información continua sobre el tratamiento de este tipo de residuos. “Serían aplicables tanto en relación a las empresas que se vayan a ocupar del desmantelamiento de conducciones de agua como de otras infraestructuras que lo contienen, porque la mayor parte de la mano de obra andaluza que se ocupa en estas tareas relacionadas con la construcción, las infraestructuras, rehabilitación, etc., se encuentra particularmente expuesta con respecto a la aplicación de la legislación en materia de salud y seguridad”. Así, la propuesta de Izquierda Unida con las adiciones introducidas por la diputada de EQUO han salido adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos.

Cabe destacar que Carmen Molina desde el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, en el que se integra, fue la primera en abordar el tema de la retirada del amianto de los colegios en esta misma Comisión en junio del año pasado, cuando defendió una PNL que solicitaba la retirada del fibrocemento de los centros escolares –al ser los menores un grupo de población especialmente sensible a los efectos nocivos de este material- y la exigencia de responsabilidades a las empresas que durante décadas han venido utilizándolo, a fin de obligar a las mismas a cumplir con la máxima de que quien contamina, paga. Sin embargo, la propuesta de la parlamentaria se vio tumbada por el voto en contra de PSOE y Ciudadanos, aunque la presión de las AMPAS y la movilización ya existente en la calle promovieron que el desamiantado de los colegios andaluces se aprobase en la Comisión de Educación, por lo que en varios centros por fin se está llevando a cabo.

“Ya dijimos en su momento que el caso de los centros escolares era un primer paso, pero que el objetivo final era eliminar este material de cualquier edificio o infraestructura pública, dado su potencial peligro”, ha concluido Molina.

La mayoría de edificios construidos en España entre 1965 y 1984 contienen amianto, bien en sus elementos de construcción o bien en sus instalaciones. Así, algunos expertos estiman que los ciudadanos de España viven entre tres millones de toneladas de amianto.


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