La Tienda Republicana

El Tribunal Supremo falla contra los derechos de las víctimas de la dictadura

05/06/2019
  • La suspensión cautelar de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco atenta contra los derechos de las víctimas de la dictadura.
  • El poder judicial español continúa construyendo y reconstruyendo la impunidad del franquismo.
  • El estado español sigue homenajeando al dictador mientras su cuerpo esté en un espacio financiado con fondos públicos.
Las víctimas del franquismo muestran su rechazo a la decisión del Supremo de suspender la salida de los restos del dictador Franco de su mausoleo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamenta que el Tribunal Supremo haya puesto la reclamación de la familia del dictador Francisco Franco por encima del derecho de las víctimas de la dictadura a no pagar con fondos públicos la tumba del dictador y a que no esté enterrado en un monumento que es propiedad del Estado en un lugar privilegiado del Patrimonio Nacional.

Por otra parte la asociación considera que esta decisión es totalmente coherente con la actitud del Poder Judicial español hacia las violaciones de derechos humanos del dictador puesto que nunca ha investigado judicial ni penalmente ninguno de sus crímenes ni ha tratado de determinar si la fortuna de sus descendientes es legítima y si forma parte de una apropiación indebida de bienes obtenidos por el abuso de poder de la dictadura, mediante el uso del terror y por la corrupción política que fue uno de los pilares centrales de la misma.

Que la decisión haya sido tomada por unanimidad explica perfectamente que en ciertos ámbitos de la política española todo sigue atado y bien atado.

La ARMH estudia la posibilidad que de llevar a cabo una exigencia judicial para que el Estado deje de obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador o a financiar algunos monumentos que todavía enaltecen la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini tras el golpe de Estado el 18 de julio de 1936.

Por otra parte, se trata de una suspensión cautelar de la democracia, porque la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos ha sido un mandato aprobado en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados.

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