Redacción •  Actualidad •  18/10/2017

STERM denuncia las subvenciones a las actividades docentes de la Escuela de Tauromaquia

El Gobierno Regional destina 50.000 € a actividades docentes de la Escuela de Tauromaquia mientras las subvenciones destinadas a frenar el acoso escolar en centros públicos de toda la Región se limitan a 15.000 €.

STERM denuncia las subvenciones a las actividades docentes de la Escuela de Tauromaquia

Cientos de centros educativos sufren la falta de personal docente en las aulas así como escasez de fondos económicos para el funcionamiento del centro o para materiales escolares que hace que, en muchos casos, sean las familias las que asuman parte de los gastos del centro como fotocopias, papeles, etc.

Sin embargo, el Gobierno Regional del PP sigue obstinado en fomentar la tauromaquia, una actividad muy cuestionada por una sociedad murciana cada vez más interesada en el cuidado y respeto de los animales.

Desde STERM Intersindical criticamos la decisión del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de otorgar de manera directa una subvención de 50.000 euros para actividad docente a la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia. Desde el sindicato nos preguntamos cuales son las prioridades del Presidente en materia educativa.

Mientras 50.000 euros son destinados a la enseñanza de esta forma de maltrato y asesinato animal legalizado, la Consejería de Educación tan sólo destina 15.000 euros para luchar contra el acoso escolar y fomentar plantes de mejora de la convivencia escolar en los centros educativos públicos de la Región. Parece que este es el orden de prioridades del Gobierno Regional.

Desde STERM Intersindical exigimos a la Consejería que ninguna partida de fondos públicos sea destinada a actividades docentes que promuevan o fomenten el maltrato y la tortura animal.

La salud de los docentes tampoco es prioritaria para la Consejería

En el seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral que ha tenido lugar hoy ha quedado de manifiesto el escaso interés de las administraciones públicas por la salud de sus trabajadores. Los escasos medios de que dispone el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales resultan claramente insuficientes para atender a los casi 20.000 docentes de la región.


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