RESCOP rechaza la anulación de los registros policiales en Sidenor Basauri por ventas de partidas de acero a armamentismo israelí

La Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP) y la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel han trasladado su rechazo ante la decisión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de anular los registros policiales efectuados en febrero en las instalaciones de Sidenor en Basauri por la venta de acero a Israel.

Para las entidades de solidaridad internacional, la decisión no responde a un error técnico, sino que «es el uso de la ley como herramienta para proteger la injusticia».

“La resolución que anula la entrada y registro en base a una supuesta colaboración de los investigados se basa en un hecho que no se está produciendo en la práctica, pues desde que tenían conocimiento del procedimiento hasta la entrada y registro no aportaron ninguna documentación sobre las ventas de las partidas de acero” ha declarado David Aranda, abogado de la acusación popular. 

Las organizaciones han manifestado que los documentos hallados durante el registro «muestran con claridad la existencia de una arquitectura empresarial construida sobre la impunidad» para exportar irregularmente acero al ente sionista. Además, han señalado que la invalidación de los registros no servirá para ocultar el contenido de los documentos.

Además, han cargado contra la actuación de la Fiscalía, calificándola de «escandalosa» y acusándola de obstaculizar la investigación, al solicitar la nulidad del registro en línea con la defensa de la empresa. «Que el órgano encargado de defender el interés público actúe como muro de contención frente a una causa por presunta complicidad en genocidio no es un detalle menor. Es una señal gravísima», han afirmado.

También han criticado la anulación de la personación como parte en la causa de una víctima del genocidio, afirmando que no se trata de «un acto neutral». «Tratar de negar a una persona que ha sufrido en sus propias carnes uno de los horrores más terribles de nuestro tiempo su condición de víctima no es solo una aberración jurídica: es una crueldad», han señalado, apuntando que contradice la doctrina del Tribunal Supremo sobre la falta de necesidad de interponer querella cuando el proceso ya está iniciado y responde a una concepción formalista del proceso penal.

“Pase lo que pase, y pese a cualquier intento de silenciarnos, seguiremos adelante con determinación. Sabemos quiénes son los cómplices y no dejaremos de denunciarlos. Nuestra voz no se apagará. No cesaremos en nuestras acciones legales, políticas y sociales hasta poner fin a toda forma de complicidad con graves violaciones de derechos humanos. Esta denuncia es una exigencia de justicia, reparación y garantías de no repetición. No nos detendremos. Nuestra lucha es por la vida, la justicia y la dignidad de nuestro pueblo” ha afirmado Natalia Abu-Sharar, Presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya

RESCOP y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas han exigido que «se investiguen todas las vías de complicidad empresarial con el genocidio», y que «ningún tecnicismo sirva de escudo para quienes contribuyen a sostenerlo».