ArcelorMittal minimiza su responsabilidad ambiental en Xixón pese a los datos alarmantes de contaminación

El pasado 6 de mayo de 2025, la siderúrgica ArcelorMittal realizó su Junta General de Accionistas. En ella, distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Ecologistas en Acción, formularon varias preguntas críticas sobre la calidad del aire en Xixón, las emisiones industriales de la planta siderúrgica y los planos de descarbonización de la empresa. A pesar de presentar ciertas actuaciones técnicas como logros ambientales, los datos oficiales sobre la contaminación del aire en 2024 muestran que la situación sigue siendo grave y que la compañía continúa sin asumir una transformación estructural de su modelo productivo.

En 2024, Xixón superó reiteradamente los valores de partículas PM10 y PM2,5 diarios y anuales recomendados por la OMS y los nuevos límites legales europeos fijados para 2030. Aunque se ha observado una reducción del 11% y 16% respectivamente respecto a la media de 2012-2019, estos descensos son insuficientes y revelan una persistente emisión de partículas en la zona oeste de la ciudad, atribuida en gran parte a ArcelorMittal y, en menor medida, al puerto. Y el problema no son solo las partículas: el benzo(a)pireno, un hidrocarburo aromático policíclico cancerígeno, alcanzado en Xixón en 2024 la concentración más alta del Estado español (0,53 ng/m³), frente al desplome registrado en Avilés tras el cierre de las baterías antiguas y su traslado a Xixón. Esto apunta a un traslado del problema ambiental sin medidas adecuadas de control o compensación.

Ante esto, ArcelorMittal continúa sin realizar medidas efectivas. La empresa presentó como cumplimiento ambiental la instalación de una chimenea de 60 metros y un sistema de filtrado en el enfriador del Sínter A. Sin embargo, ambas medidas eran parte del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Xixón y no representan acciones voluntarias o ambiciosas por parte de la empresa. La nueva chimenea, de hecho, dispersa las partículas en lugar de eliminarlas, lo que contradice el objetivo de reducción de emisiones difusas en la zona industrial de Veriña.

Y es que ArcelorMittal admitió en su Junta General que no se plantean inversiones estructurales para reducir excesivamente las emisiones hasta 2030, que es cuando calculan que les saldrán económicamente rentables. Pese a recibir millones de euros públicos para su proceso de descarbonización, lo que incluye implementar una planta DRI (reducción directa de hierro) que sustituyeya a uno de los altos hornos, por ahora no tienen previsto hacerlo. La descarbonización de la planta gijonesa depende, según ArcelorMittal, del contexto político y del mercado, lo que deja la salud ambiental y social de la zona en manos de factores externos y sin garantías. Esta posición perpetúa la exposición de la población a niveles nocivos de contaminación año tras año, acarreando consecuencias en su salud, y continúa agravando la crisis climática con la emisión de gases de efecto invernadero.

Ecologistas en Acción y colectivos ciudadanos exigen al Gobierno del Principado y al Gobierno de España que refuercen los mecanismos de vigilancia y exigencia a ArcelorMittal para cumplir las siguientes demandas:

– Establecer un calendario claro y obligatorio de descarbonización.
– Prohibir la quema de carbón como fuente principal de energía industrial.
– Implantar sistemas de medición ampliados para contaminantes peligrosos como benzo(a)pireno.
– Aplicar sanciones proporcionales a los impactos acumulados en la salud pública y el medio ambiente.

– Plantear plazos claros ya la mayor brevedad posible para las medidas anteriores, con el compromiso de abordar la nacionalización de la planta como solución si AM sigue incumpliendo con las obligaciones ambientales pese a las subvenciones públicas concedidas.