Comunicado del Gobierno en relación al anuncio de la Junta de Castilla y León de restringir los derechos de las mujeres

Ante el anuncio en rueda de prensa del Gobierno de Castilla y León, tras su consejo de gobierno del 12 de enero, en relación a un protocolo denominado por el propio ejecutivo regional como ‘antiabortista’, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida  alguna  que  vulnere  la  actual  normativa  con  respecto  a  la  Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna.

Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes.

Por este  motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta misma tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León donde se le solicita:

• Que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto  1825/2010,  de  25  de  marzo;  y  la  Guía  Común  del  Sistema Nacional  de  Salud  sobre  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo  (IVE). Método Farmacológico).
• Que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca  cualquier  tipo  de  obligación,  instrucción,  indicación  o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido  libremente interrumpir  voluntariamente  su  embarazo  o  no  haya  manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.
• También  se  exige  que  la  realización  de  pruebas  diagnósticas  no contravenga  el  conocimiento  científico  actual  y  las  recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.
• Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma.