El Tribunal Supremo rebaja la pena a Urdangarin y deja al Constitucional la decisión de suspensión provisional del ingreso en prisión

Urdangarin fue condenado por la Audiencia de Baleares el 17 de febrero de 2017 a seis años y tres meses de cárcel por dos delitos fiscales, prevaricación, fraude, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias. Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta a la Fiscalía, que había reclamado que su castigo por aprovecharse de su pertenencia a la familia real para recabar fondos de administraciones públicas de Baleares, Valencia y la Comunidad de Madrid a través del Instituto Nóos, se incrementara hasta los 10 años y lo ha dejado en 5 años y 10 meses al entender que no hay pruebas contra él en el delito de falsedad en documento público.

A Iñaki Urdangarin aún le queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional y solicitar que, mientras no haya decisión definitiva de este último, se suspenda provisionalmente el ingreso en prisión. El tribunal mantiene la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón por los delitos de fraude y malversación de su esposo, pero no por sus dos delitos fiscales. La exonera de estos últimos gracias al recurso de Ana María Tejeiro, también considerada partícipe a título lucrativo de los delitos fiscales de Torres, el socio de Urdangarin, lo que se hace extensivo a la infanta. La hermana del Rey permanece como responsable solidaria con su marido pero por una cantidad menor. En lugar de 265.000 tendrá que abonar 136.950 euros que ya abonó a lo largo del proceso.

«Está acreditado», dice también el Supremo, que el acusado, «a través de su amistad» con Diego Torres, «y la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con la hija del entonces Jefe del Estado, consiguió mover la voluntad» del presidente balear Jaume Matas para obtener contratos. Por lo tanto, también cometió tráfico de influencias, además de delitos de fraude y contra la Hacienda Pública al ocultar estos fondos.

No es la primera rebaja de la condena de la que se ve beneficiado el cuñado del rey. Pedro Horrach, fiscal del caso, solicitó en un principio 19 años y medio en 2016.

En caso que la condena no se suspenda a instancias del Constitucional, Urdangarin podrá ingresar en la prisión que elija si se presenta voluntariamente con el mandamiento judicial que lo ordena. Ese mandamiento lo decidirá la Audiencia de Palma una vez recibida la sentencia del Supremo, con o sin vistilla previa para escuchar a las partes.