La mayoría de la administración en el Consejo de Medio Ambiente impone un informe favorable a la Ley Ómnibus

En la tarde del martes 11 de enero se dio un paso más en el trámite de aprobación de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus. Se dio traslado al Consejo de Medio Ambiente, el órgano de participación regional entre cuyas funciones está informar sobre la normativa que afecte al medio ambiente madrileño.

El Consejo de Medio Ambiente informó favorablemente a las modificaciones del Título III del anteproyecto de Ley, con tan solo el voto en contra de los representantes de los colectivos ecologistas (María Ángeles Nieto y Raúl Urquiaga), así como de las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Salvo la abstención del representante del Seprona de la Guardia Civil, el resto de vocales se posicionaron a favor de las modificaciones de las leyes ambientales incluidas en la Ley Ómnibus. No es de sorprender el sentido de este voto cuando las dos terceras partes de sus vocales son cargos de las Administraciones regionales y locales.

Un aspecto polémico del orden del día de la reunión ha sido que no se incluyeran a debate las reformas a las leyes urbanísticas y de ordenación del territorio con contenido ambiental (Título II del anteproyecto). María Ángeles Nieto ha señalado que la negativa de la consejera de Medio Ambiente, Pilar Martín, a que estos temas sean tratados “es una situación irregular que impide el ejercicio del normal funcionamiento del Consejo”. Entre otras cuestiones no se han tratado reformas que permiten usos, construcciones, actividades y macrocomplejos en suelos protegidos. La vocal ha recordado a la consejera que la normativa relativa a ordenación del territorio y suelo se considera ambiental de acuerdo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Los representantes ecologistas han señalado que las reformas de la Ley Ómnibus supondrán una regresión ambiental con respecto a los textos normativos actuales y una afección negativa a la conservación de los espacios naturales así como de la fauna, la flora, los bosques y el paisaje madrileño. Raúl Urquiaga ha señalado en la reunión que “las leyes ambientales se hacen para propiciar la conservación de los valores naturales, no para facilitar negocios de sectores minoritarios de la ciudadanía madrileña”. Se ha interpelado a la Consejera Pilar Martín para que explique de forma concreta por qué la Ley Ómnibus supone un impulso para la defensa y una mejora del medio ambiente y a qué sectores reales de la población madrileña va a favorecer, sin que esta haya contestado.

El Consejo de Medio Ambiente es un órgano de consulta y asesoramiento, con la finalidad de impulsar la participación de las organizaciones interesadas en la defensa del medio ambiente en la elaboración y seguimiento de la política medioambiental, orientada al desarrollo sostenible. A la vista de lo ocurrido en la última sesión, es un órgano que no responde a tal finalidad, sino al respaldo acrítico de la política dogmática del Gobierno Regional que antepone los negocios de sus afines frente a la conservación del medio ambiente.