Redacción •  Actualidad •  11/05/2020

El PCE y las Juventudes Comunistas en Castilla y León reclaman el cobro de impuestos a propiedades de la iglesia no destinadas a práctica religiosa

Con dinero público la iglesia católica ha reforzado su poder e influencia tanto en la enseñanza como en los servicios sociales. Hoy la iglesia católica controla más del 80% de la enseñanza concertada, enseñanza que todas y todos subvencionamos vía impuestos, en detrimento de la enseñanza pública. El COVID-19 ha sacado a la luz el trato y las condiciones de vida de las personas mayores en las residencias, más de 250.000 de las plazas asistenciales en nuestro país están bajo el tutelaje de la iglesia católica.

El PCE y las Juventudes Comunistas en Castilla y León reclaman el cobro de impuestos a propiedades de la iglesia no destinadas a práctica religiosa

Comunicado

El PCE y las Juventudes Comunistas en CyL hemos reclamado históricamente que se supriman las exenciones fiscales a la Iglesia por suponer un trato de favor inaceptable, así como la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Ahora que todas las administraciones van a hacer un importante esfuerzo para hacer frente a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19, consideramos que la iglesia debe sumarse a dicho esfuerzo aportando la parte que le corresponde.

En nuestro país y de igual manera en nuestra Comunidad Autónoma mantenemos prácticamente intocables los privilegios que la iglesia católica tenía bajo la dictadura franquista y que el concordato con la Santa Sede sólo hizo que prolongar y blindar.

La mentalidad social con respecto a ritos religiosos ha cambiado profundamente, sobre todo en la juventud; bautizos, matrimonios, hoy se celebran civilmente.

Con dinero público la iglesia católica ha reforzado su poder e influencia tanto en la enseñanza como en los servicios sociales. Hoy la iglesia católica controla más del 80% de la enseñanza concertada, enseñanza que todas y todos subvencionamos vía impuestos, en detrimento de la enseñanza pública. El COVID-19 ha sacado a la luz el trato y las condiciones de vida de las personas mayores en las residencias, más de 250.000 de las plazas asistenciales en nuestro país están bajo el tutelaje de la iglesia católica.

Todos estos privilegios son fruto del papel que la Iglesia juega como poder fáctico y pilar del régimen del 78, de ese sistema económico, político social neoliberal que sostiene unas relaciones de poder heredadas del franquismo. Este modelo que en definitiva gestionan una minoría propietaria de los sectores estratégicos y la riqueza del país y que siempre ha tenido a la jerarquía eclesiástica como aliado para reproducir su ideología y legitimar este proyecto de acumulación de riqueza a costa de la mayoría social.

El PCE y la UJCE trabajarán para que todos esos servicios esenciales para el desarrollo y la vida de las personas vuelvan a ser del común, de lo público. Hoy existe la posibilidad de recuperar vía pago de impuestos parte del dinero que la iglesia católica venia apropiándose con el impago de tributos.

La Iglesia posee una gran cantidad de propiedades y muchas de ellas nada tienen que ver con las prácticas religiosas como garajes, lonjas, viviendas, hostales y otras muchas propiedades destinadas a actividades lucrativas. A estas propiedades no les debería ser de aplicación las exenciones recogidas en el Acuerdo con la Santa Sede de 1979 que habla de inmuebles dedicados al culto y labores pastorales o benéficas.

En algunas ciudades ya se intentó en el pasado reciente cobrar impuestos a este tipo de propiedades de la Iglesia, pero los juzgados no lo permitieron en base a la Ley de Mecenazgo de 2002. Sin embargo, en la actualidad existen Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) según las cuales La Iglesia católica está obligada a pagar tributos en actividades que comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de Estado expresamente prohibida por el Tratado de la UE”

Dado que las Iglesia es propietaria de un amplio catálogo de propiedades inmobiliarias, probablemente estemos hablando de una cifra que supere el millón de euros los impuestos que se dejan de ingresar en las arcas públicas. Teniendo en cuenta que la normativa comunitaria mencionada tiene fuerza de ley para los estados miembro y es de aplicación directa, es momento de acabar con dichas exenciones y que impuestos vuelvan al pueblo a través de los Ayuntamientos.

Por todo ello y con el fin de dar un paso más en la eliminación de privilegios injustificados de la Iglesia, desde el PCE y la Juventud Comunista en CyL proponemos a los Ayuntamiento de la región:

  • 1.- Se redacten informes detallando las propiedades de la iglesia en sus términos municipales sujetas a actividades que reporten rendimiento económico y el cálculo económico del IBI correspondiente a las mismas

  • 2.- Se comience el trámite necesario para girar los recibos de Ibi a dichas propiedades

  • 3.- Se supriman las exenciones en el resto de impuestos municipales de las que dichas propiedades puedan estar siendo beneficiadas.

Para dicho fin hemos remitido a todos nuestros cargos públicos y a las fuerzas municipales donde participamos, una propuesta de moción para debatir en sus Ayuntamientos y acordar el cobro de impuestos a las propiedades de la Iglesia que cumplan dichas condiciones.


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