CGT exige al Estado medidas reales contra la violencia hacia la clase trabajadora y realiza un llamamiento a la sociedad para concienciarse del aumento de muertes en el trabajo

La Confederación General del Trabajo (CGT), en uno de sus últimos comunicados, considera inadmisible el número de muertes de personas trabajadoras a lo largo del 2022, y ha exigido medidas contundentes al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos contra este tipo de violencia contra la clase trabajadora.

Las cifras adelantadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las cuales contabilizan la siniestralidad laboral desde enero a octubre de 2022, indican que 688 personas perdieron la vida mientras intentaban ganársela. Son 100 personas más que durante el mismo período del año anterior, un aumento del 17%.

Para la organización anarcosindicalista, estas muertes indican el fracaso de la actual política laboral del Gobierno. Las Reformas Laborales de PP y PSOE, así como la última “actualización” de las mismas, lejos de acabar con esta lacra, la mantiene y la fomenta, reforzándose el poder del empresariado frente a la gente más precaria y desprotegida. Esto se corrobora con los propios datos del Ministerio, que indican un incremento de la siniestralidad en sectores como el de la hostelería o el sanitario entre otros.

En este sentido, la CGT vuelve a señalar el hecho de que nadie debería perder la vida mientras intenta sobrevivir. Las personas trabajadoras siguen muriendo en sus puestos de trabajo que, por lo general, suelen desarrollarse en entornos precarios y a cambio de un salario muy insuficiente para la situación de crisis socioeconómica por la que atraviesa la gran mayoría social en estos momentos.

CGT ha recordado nuevamente que la actual legislación en materia de salud laboral no protege realmente a las personas trabajadoras, y en este sentido los y las anarcosindicalistas afirman que la desigualdad también se encuentra en el dolor y en la muerte que la gente trabajadora padece. Además, el Estado, sus Administraciones e Instituciones están siendo cómplices de esta masacre, al permitir que el empresariado cada vez tenga más facilidades para incumplir la frágil normativa que regula las condiciones de quienes no tienen otra opción que trabajar para vivir, convirtiendo los derechos más elementales en un chantaje para las más vulnerables de nuestra sociedad.

La organización rojinegra exige también al Gobierno del Estado español, y especialmente a la ministra de Trabajo, medidas reales y contundentes contra esta violencia hacia las trabajadoras y los trabajadores.

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La desigualdad de trato ante la vida y la salud laboral”

Las estadísticas correspondientes al 2022 (enero a octubre) sobre accidentes de trabajo y siniestralidad laboral, no hacen sino mostrar a la sociedad un hecho terrible: A las personas trabajadoras nos siguen matando por el simple hecho de trabajar para “ganar un salario”, que suele ser insuficiente o muy insuficiente, con el objeto de desarrollar una vida digna.

Los accidentes con baja en el periodo citado se incrementaron en un 11,8% respecto al periodo anterior de 2021, y el incremento del daño fue aún mayor en las personas asalariadas, las cuales se accidentaron más (un 12,5%) que las personas autónomas.

En cifras absolutas estamos hablando de 528.000 personas dañadas en diferentes grados. Las personas accidentadas de carácter leve fueron 460.113 (incremento del 12,7%); graves 3.209 (incremento del 4,4%); y mortales 566 (incremento del 17,7%).

La mayor accidentabilidad, el mayor daño causado en la salud de las personas trabajadoras se produce en las actividades más precarias y más desprotegidas, es decir donde el empresariado se salta todas las reglas de juego e incumple de manera criminal con la obligación de preservar la salud de las personas trabajadoras.

El incremento de accidentabilidad en el sector de hostelería creció un 42,6% y en las actividades sanitarias y de servicios sociales se disparó hasta el 57,1%. Lo cual no deja de ser una cruel paradoja, quienes nos cuidan y nos atienden son las personas trabajadoras más accidentadas y quienes sufren mayores daños.

No existe la igualdad proclamada constitucionalmente y en las distintas leyes protectoras del trabajo: cientos de miles de personas, trabajadoras de todos los sectores de la producción y de la distribución, al igual que gran parte de la población, son sometidas a un trato “criminal” y premeditado de lesión y deterioro de su salud por el hecho de trabajar.

La desigualdad también se mide en la siniestralidad, el dolor y la muerte. La protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber inalienable que los empresarios y las Administraciones Públicas, tienen que cumplir.

La quiebra de este deber de protección, se produce desde el momento que las Administraciones Públicas permiten a los empresarios incumplir las legislaciones laborales protectoras de los derechos de las personas trabajadoras, así como permiten que el Mercado y sus mercaderes, al organizar el trabajo y, en consecuencia, las condiciones en que este se desarrolla, lo que premien es la productividad y el ahorro de costes en medios y recursos, para “generar” mayor beneficio. Lo cual nos condena a una mala salud física y ambiental, todo a mayor gloria de una minoría de la población, rica, poderosa, plutócrata en nombre de una competitividad, que deteriora y, quizás destruya, las bases sociales, económicas y medioambientales de la vida.

La violencia ejercida sobre los derechos humanos fundamentales se constituye como la “lógica más normal” de la vida y lo cotidiano.

Esto sólo es posible, no sólo por la “alianza histórica” entre las oligarquías, poderosos y sus representantes políticos, sino que la ausencia de la lucha de los de abajo, de los ninguneados y ninguneadas, permite su impunidad e invisibiliza el dolor, la muerte y el desprecio por los derechos humanos fundamentales.

Para CGT, poner en el orden del día de la agenda “política” de las Instituciones, el “crimen y el genocidio” que ha supuesto y supone el producir y distribuir mercancías con elementos dañinos para millones de personas, es un paso imprescindible para que Empresarios e Instituciones Públicas, sean IMPUTADOS y asuman sus responsabilidades civiles, penales y administrativas.

LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

Secretariado Permanente del Comité Confederal.

Gabinete Confederal de Estudios y Formación.