Gobierno PP-Vox: FACUA Andalucía denuncia que el pacto blanquea la xenofobia, promueve el negacionismo climático y ataca el asociacionismo

FACUA Andalucía expresa su profundo rechazo al pacto de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma, al considerar que no constituye un simple acuerdo de estabilidad parlamentaria, sino una hoja de ruta de regresión democrática, social y ambiental que introduce en las instituciones postulados propios de la extrema derecha.

La federación considera especialmente grave que el acuerdo asuma la denominada prioridad nacional como criterio inspirador del acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Este planteamiento supone un blanqueo directo de la xenofobia más recalcitrante, una quiebra del principio de igualdad y la instauración de ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a los servicios públicos, con un ataque especial a las personas migrantes.

Así, el pacto incorpora un enfoque abiertamente xenófobo en materia migratoria, al vincular la inmigración con el fraude, el abuso de prestaciones o la inseguridad, y al plantear auditorías específicas sobre el coste de la atención a personas extranjeras. La federación advierte de que este tipo de medidas no persigue mejorar la gestión pública, sino alimentar un marco de sospecha colectiva contra personas especialmente vulnerables, en muchos casos menores, familias trabajadoras y usuarios de servicios básicos.

Negacionismo climático

FACUA Andalucía también alerta del contenido negacionista del acuerdo en materia ambiental y climática. La oposición a la Agenda 2030, el rechazo a la condicionalidad climática, la supresión de cargas vinculadas al Pacto Verde o la previsión de eliminar tributos ambientales revelan una orientación política contraria a la protección del medio ambiente y a la salud de los ciudadanos.

La federación recuerda que la crisis climática es una realidad científica con consecuencias directas en la vida cotidiana de la población: incremento de temperaturas, sequías, deterioro de ecosistemas, encarecimiento de recursos básicos, afectación a la salud pública y aumento de la vulnerabilidad social. Andalucía, por su situación geográfica y climática, no puede permitirse políticas públicas que nieguen o minimicen este escenario.

Por otro lado, FACUA Andalucía rechaza, en relación con las medidas contra la ocupación de viviendas recogidas en el pacto, que se equiparen sanciones administrativas con condenas penales a la hora de excluir a determinadas personas del acceso a vivienda pública. Esta equiparación resulta desproporcionada y podría suponer una exclusión injusta de personas en situación de vulnerabilidad, precisamente aquellas que más necesitan protección social.

Ataque a la sociedad civil organizada

La federación muestra además su enorme preocupación por las medidas del pacto dirigidas a revisar subvenciones, ayudas públicas, entidades y normas calificadas como «ideológicas». Bajo esa formulación, advierte, se esconde una amenaza directa a la participación social organizada, a las entidades que realizan incidencia política y a las voces críticas con las políticas del Gobierno andaluz.

FACUA Andalucía considera especialmente grave que se cuestione la financiación pública de organizaciones sociales, sindicales o entidades privadas que participan en órganos institucionales o desarrollan funciones de utilidad pública. La federación recuerda que dicha financiación responde al cumplimiento de obligaciones constitucionales, estatutarias y legales de fomento de la participación social, un pilar democrático reconocido por el ordenamiento jurídico y una garantía frente a la arbitrariedad del poder político.

Uno de los findes de las organizaciones sociales, incide la federación, es fiscalizar al poder y al Gobierno, denunciar abusos, defender derechos y representar intereses colectivos. Recortar la participación social solo tiene como objetivo gobernar sin contrapesos, subraya.

La organización advierte de que este pacto puede suponer un deterioro del modelo democrático andaluz si se utiliza para debilitar el tejido asociativo, restringir la participación institucional o condicionar las ayudas públicas a la afinidad ideológica. En una democracia avanzada, las administraciones deben garantizar la transparencia, el control del gasto y la utilidad pública de las ayudas, pero no utilizar esos principios como coartada para perseguir a entidades críticas.

Por último, FACUA Andalucía también lamenta la desaparición de cualquier referencia sustantiva a la violencia machista y a las políticas de igualdad, y de una apuesta decidida por el sistema público de Salud, así como el avance de una agenda reaccionaria en materia cultural, educativa y de memoria democrática. La federación considera que el pacto no responde a las necesidades reales de la ciudadanía andaluza, sino a una operación de blanqueamiento institucional de postulados autoritarios, excluyentes y antisociales.